El impulsor del cambio fue el senador Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández. “Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”, afirmó el neuquino.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) exhortó a los senadores a que "reflexionen sobre la gravedad institucional de una medida destinada, en definitiva, al silenciamiento de la libertad de expresión".

Y agregó que “la repudiable incorporación de la insólita figura de ‘presiones mediáticas’ en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial”.

La oposición sumó sus voces al reclamo y dejó en claro que el proyecto impulsado por el gobierno de Alberto Fernández coarta la liberta de prensa y, por ende, la democracia.

“El kirchnerismo tiene mayoría en Senado que elige jueces y en el Consejo de la Magistratura que los remueve. Los jueces tienen inamovilidad laboral de por vida. ¿Cómo apretás a un juez que cumple con la ley? El objetivo del artículo Parrilli es censurar a la opinión pública”, aseguró el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff.

En sintonía se expresó la radical Silvana Giudici quien comparó la “cláusula Parrilli” con el supuesto de “linchamiento mediático” que el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, incorporó en 2013 “para esconder causas de corrupción”.

Se empezó a develar la verdadera cara de la iniciativa kirchnerista: jueces denunciando a periodistas; periodistas en el banquillo de los acusados. ¿Otro ataque a la libertad de expresión?