La situación se agravó con la aparición del COVID-19 en la zona, y desde la comuna comenzaron a presionar a los trabajadores quitándoles los pocos elementos de trabajo y desarrollando una campaña de estigmatización como producto de las denuncian que comenzaron a circular por el estado de total abandono de equipamiento, maquinarias e instalaciones.

Y por si faltaba algo para terminar de romper relaciones, la organización de ollas populares, que en Moreno se contaron de a cientos desde el inicio de la pandemia, fue la gota que rebalsó el vaso porque "fuimos los compañeros de las diferentes agrupaciones los que juntamos la plata para hacer las ollas, pero esta señora (la intendenta Fernández), iba a los canales a decir que había miles, pero no las pagaba ella".

Esa situación determinó la ruptura total entre Santolaya y la comuna. "Tenemos años de militancia, somos de la línea del compañero Andrés Arregui, trabajábamos con la gestión de (Walter) Festa, como lo estábamos haciendo con la señora Mariel Fernández. Lo que reclamamos en un derecho", sentenció la dirigente de Todos por un Techo.

"Si se contagia uno de los chicos que trabaja, contagia a toda la cuadrilla, y llevan el virus a sus casas y hacemos un desastre", explicó Santolaya, sobre la negativa a seguir trabajando en condiciones de riesgo frente al COVID-19 y otras enfermedades.

El problema es que desde la comuna proyectan directamente reemplazar a los trabajadores de ese sector por cooperativistas, con una vinculación "precaria" con el municipio y evidentemente dispuestos a correr los riesgos sanitarios frente a la urgente necesidad de trabajo. Las más de 80 familias que hoy tienen empleo quedarían en la calle por la polémica decisión de la intendenta.

Por eso desde el área de Servicio de Obras Públicas ya adelantaron que van a resistir y no solo denunciar la decisión del Estado local, sino iniciar un plan de lucha para que se reconozcan los derechos de los trabajadores y se garanticen los elementos de seguridad para cumplir las tareas cotidianas.