Editorial
Reforma judicial

La ley y la trampa

El proyecto de Reforma Judicial impulsado por el gobierno generó más críticas que apoyos. (Dibujo: NOVA)

El gobierno de Alberto Fernández presentó, días atrás, el proyecto de reforma judicial que plantea la creación de un fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero Federal con el Penal Económico, que prevé la creación de 23 nuevos juzgados.

El Presidente creó un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que tendrá 90 días para que le eleve propuestas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia, empezando por la Corte Suprema.

"Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron", sostuvo Fernández durante la presentación de la norma.

Entre los puntos más destacados, se encuentran la incorporación de un sistema de subrogancias de jueces por un año, proceso en el que intervendrán la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado con el objetivo de darle la mayor transparencia a las designaciones; también se contempla la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo para evitar que sigan los conflictos de competencia entre ambos fueros.

Además, se busca fortalecer la justicia federal con la creación de nuevos juzgados en el interior; y se garantiza la igualdad en el trato de las partes y la independencia de criterio para la toma de decisiones.

La reforma gana enemigos

La semana pasada las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzaron a debatir el proyecto que contó con más críticas que apoyos. El presidente de la Cámara del Crimen, Alberto Seijas, tildó de "inconstitucional" la reforma, ya que "supone el completo desguace de nuestro fuero, con la consecuente dilapidación de recursos que semejante acto implica, en particular frente a las flaquezas que la República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al ciudadano".

Además, advirtió que "se omite toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias".

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, alertó sobre un eventual colapso del sistema judicial, ya que la propuesta no contempla recursos, y aseguró que la ampliación de juzgados federales se contrapone con el sistema acusatorio.

La Cámara Civil y Comercial Federal, en tanto, objetó la fusión del fuero con el Contencioso Administrativo Federal que propone la iniciativa y advirtió que no fueron consultados para los cambios propuestos.

“La unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo, y poner en manos de jueces que son el producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para los cuáles no fueron nombrados”, señalaron.

En la arena política, Juntos por el Cambio arremetió con un comunicado donde se opuso al aumento de miembros de la Corte Suprema e indicó que no es una “prioridad” para la ciudadanía que está preocupada “por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad”.

La multiplicación del gasto con la creación de más juzgados es otro de los blancos de las críticas. Si bien nadie niega la necesidad de cambios en la administración judicial, el proyecto agitó el avispero. ¿Una vez más la política mete las narices en la justicia para beneficios partidarios? Hecha la ley, hecha la trampa.

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