Interior del país
Connivencia con delincuentes

Escándalo judicial sin fin en Corrientes: denunciaron a Marijuán por encubrir a quienes pactaron impunidad con narcos

El fiscal federal Guillermo Marijuán. (Dibujo: NOVA)
"Pato" Bullrich y sus secuaces.

La provincia de Corrientes vuelve a amanecer envuelta en un escándalo que cuestiona a los miembros residuales de la “justicia macrista”.

Según la denuncia Diego Iglesias, desde la PROCUNAR, con convenios firmados con Patricia Bullrich, entre los años 2016 y 2019, se arreglaba en forma sistemática con miembros del narcotráfico declaraciones falsas contra imputados inventados a cambio de beneficios ilegales. Esos beneficios consistían en no investigarlos, no procesarlos, garantizarles impunidad, devolverle los bienes confiscados mientras las pesquisas de investigación se redireccionaban hacia otros inocentes de manera tal que, para lograr dicho objetivo, se “armaban causas” apócrifas por doquier.

El primer caso denunciado es el pacto de impunidad con Federico "Morenita" Marín, su esposa Lourdes Alegre y miembros de su banda: todos capturados por el juez Carlos Soto Dávila. Ese pacto de impunidad consistió en acusar al Juzgado Federal 1 que los capturó.

Los ejecutores fueron el fiscal de la PROCUNAR Diego Iglesias, el juez federal Sergio Torres, el fiscal federal Carlos Stornelli y el multidenunciado fiscal federal de Corrientes Carlos “El Alemán” Schaefer, que vive en Chaco porque en Corrientes está amenazado.

De esa manera el juez Sergio Torres, en forma intempestiva procesó al juez Carlos Soto Dávila, logrando la renuncia del Juez Federal con competencia electoral de Corrientes, y como premio por el pacto fue ascendido a juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Asimismo el procesado fiscal Carlos Stornelli, por el caso (en el que está involucrado Marcelo) D'Alessio, se supo que brindó su despacho judicial para los ilegales “ablandes” de los detenidos por Patricia Bullrich en el Operativo Sapucay (en el que prácticamente no incautaron marihuana), como es el caso de Juan Manuel Faraone.

En esta primera denuncia penal efectuada por el abogado Eduardo Barcesat se describieron con claridad los hechos delictivos de protección a narcotraficantes a cambio de falsas declaraciones en el marco de la ley del arrepentido y que forman parte de la denuncia por connivencia narcojudicial en la provincia de Corrientes.

Imputó al ex juez a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N. 12, Sergio Torres, al actual fiscal a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 4 , Carlos Stornelli, y al fiscal a cargo de la PROCUNAR, Diego Iglesias, por haber cometido los siguientes hechos:

-Haber pactado la impunidad del narcotraficante Federico “Morenita” Marín a cambio de que declarara contra Carlos Vicente Soto Dávila y los secretarios federales de Corrientes Pablo Molina y Federico Grau.

-Haber pactado con el narcotraficante Federico “Morenita” Marín la impunidad de varios miembros de su banda a cambio de involucrar al ex juez Soto Dávila y a sus secretarios en hechos delictivos. Habrían arreglado la impunidad de Pablo Torres, Ricardo Daniel González, Carlos Alberto Bareiro o a Miriam Almirón (esposa del miembro de la banda Ramón Sena). Este pacto de impunidad criminal, también incluyó la negociación a “Morenita” Marín de la libertad de su pareja, Lourdes Alegre, que fue dispuesta a la semana del “arrepentimiento” de Marín por el propio juez Sergio Torres con la conformidad, obviamente, de los fiscales federales aquí denunciados.

- Haber omitido intencionalmente investigar al camarista en lo federal de Corrientes, Luis González, a pesar de la prueba que obraba en el expediente en el que intervenían los denunciados (9886/2018).

-Haber omitido investigar al fiscal de la provincia de Corrientes, Flavio Ferrini, a pesar de los elementos de juicio que lo involucraban en el expediente 9886/2018.

Asimismo, fueron imputados el abogado Rodrigo González y al fiscal Carlos Stornelli por haber presionado a un detenido de la causa 3002/17 -Juan Manuel Faraone-, en las oficinas del fiscal Carlos Stornelli, a fin de que acusara al ex juez Soto Dávila, haciéndolo permanecer una noche en la Alcaidía de Comodoro Py a fin de “ablandarlo” y de que acusara a Soto Dávila.

Quien también fueron imputados por Barcesat fueron el jefe de Drogas Peligrosas de la Gendarmería Nacional -año 2018-, Raúl Contreras, la oficial Valeria Osorio de la Gendarmería Nacional y el primer alférez Hernán González, también de Gendarmería Nacional.

A llos se los acusó de haberle propuesto (los tres) en reiteradas ocasiones, a Juan Manuel Faraone que declarara contra Soto Dávila y que si así lo hacía su hija -también detenida- iba a recuperar la libertad y podía casarse como tenía previsto en ese año. Los hechos denunciados se produjeron cuando el nombrado Faraone estuvo alojado allí luego de llegar detenido desde la Provincia de Corrientes y antes de ser llevado al tribunal en Comodoro Py para su indagatoria.

Como confirmación de la maraña de encubrimientos entre los miembros residuales de la mafia judicial macrista, el fiscal Guillermo Marijuan, con un dictamen que rechaza la denuncia y se sustenta en el mismo expediente con los falsos arrepentidos, logró encubrir a sus secuaces.

Por todo esto, ahora en la ciudad de Corrientes, se presentará una abultada denuncia penal denunciando la connivencia del fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer y del fiscal que aún se encuentra a cargo del PROCUNAR, Diego Iglesias, por encubrir por delito de lavado de activos a Lourdes Alegre (mujer del líder narco "Morenita" Marín), y por pactar impunidad con la narco Melissa Castillo, también a cambio de crear relatos que sirvan para incriminar al Juez Federal con competencia electoral que logró capturarlos.

Los ciudadanos de Corrientes bregan sin cesar por sanear la justicia provincial y por ello no paran de efectúan denuncias vía correos electrónicos a todos los organismos judiciales de la provincia.

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