El pasado jueves la intervención oficial se hizo cargo de Vicentin, que el 5 de diciembre de 2019 se declaró en “estrés financiero” por una deuda de 1.350 millones de dólares, que incluye a acreedores financieros y a productores, corredores y acopiadores a quienes no se les había pagado por los granos que entregaron a la cerealera. En sus épocas de gloria, la empresa fue una de las más importantes del país, facturando 4.300 millones de dólares al Estado.
Ese mismo día Alberto Fernández recibió a Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, en Olivos. "El objetivo es rescatar a la empresa", aseguró el jefe de Estado. En tanto, el viernes volvieron a reunirse las partes para comenzar a analizar de qué manera seguirá funcionando la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores.
Desde el Ejecutivo piensan diseñar un plan para que los 2.600 productores acreedores puedan ir cobrando lo antes posible. YPF Agro se hará cargo de la operación si prospera el proyecto de ley de expropiación. La firma pertenece a YPF y vende combustibles, incluida la modalidad por canje de granos, fertilizantes, agroquímicos y otros insumos para el campo.
El proyecto para la intervención y posterior expropiación, que requerirá la aprobación del Congreso, fue mal recibido por dirigentes políticos y empresarios, y generó preocupación en el mundo agrícola. "Se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país", afirmaron desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales.
El diputado Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria macrista, disparó duro contra Fernández: “Lo que me preocupa es la visión que tiene de que a partir de la expropiación de Vicentin vamos a tener soberanía alimentaria y que el Estado va a ejercer el rol de empresario del sector privado para el devenir de la post pandemia”.
La Sociedad Rural Argentina se sumó al reclamo: “La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendían solucionar”.
Pese a las críticas, el Presidente dejó bien en claro que no dará marcha atrás con su decisión, aunque el propio Nardelli insiste en seguir manteniendo parte de las acciones de la compañía: “La expropiación es el único modo”. La jugada oficial está más firme que nunca y encendió, una vez más, las alarmas sobre el avance a la propiedad privada. ¿Venezuela está a la vuelta de la esquina?
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