Tal como informó el Diario Hoy, los magistrados entendieron que las autoridades puestas en funciones lo hicieron a partir de un proceso electoral llevado a cabo aun cuando existía una medida cautelar que ordenaba la suspensión del mismo.

“A fin de evitar grandes daños a la entidad sindical, a sus afiliados y a los peticionantes, corresponde la intervención de la entidad en forma cautelar”, explicaron.

Por su parte, el abogado Alejandro Belfer detalló que la Sala VII resolvió que la única persona que está facultada para administrar las cuentas del sindicato es el interventor, Julio César Simón. “Lo más importante acá es que la medida de intervención tiene que ejecutarse y las viejas autoridades no pueden disponer de ningún tipo de fondo bancario”, finalizó.