La discusión escaló con la excarcelación de distintos detenidos y las críticas de la oposición por “presiones” al Poder Judicial que comenzó a emitir fallos a favor de los detenidos. Alberto pateó la pelota y mandó a su tropa a que lo despeguen de la polémica, aclarando que en el Ejecutivo se respeta la división de poderes.

Sin embargo, tiró una soga para los detenidos argumentando que organizaciones internacionales, como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formularon recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos.

"En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia", justificó.

Pero, una vez más, los ciudadanos le pararon el carro al Presidente, hartos, hastiados de la impunidad. El pasado jueves se produjo un masivo cacerolazo en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del país en protesta por la excarcelación.

En redes sociales, referentes de la oposición se sumaron a la iniciativa y aprovecharon la oportunidad para golpear por lo bajo al Gobierno. Durante varios minutos también se escucharon bocinazos y llamó la atención el sonido de las sirenas de patrulleros.

El panorama se pone duro. El Gobierno activó una bomba de tiempo con las excarcelaciones y la protesta social llamó la atención para los funcionarios de los tres poderes del Estado. Esta vez, ¿habrán tomado nota?