En diálogo con NOVA, el abogado defensor de la familia de Ayala Wilchez, Ezequiel Grasso, manifestó que “estamos conformes con el proceder de la fiscalía, lamentablemente llegamos a un juicio en el que imputado acepta su responsabilidad y la condena, pero nos hubiera gustado que se lleve a cabo el debate que por la problemática del Covid no se pudo”.

En esta misma línea, añadió que “tanto yo en mi carácter particular damnificado, como la familia, estamos conformes con el hecho de que se haya logrado una condena al imputado. Es un caso más que no queda impune y lo importante del fallo es que en principio no se le va a otorgar ningún tipo de beneficio y va a tener que cumplir la pena y no se aplicaría la escala de tentativa.

Fueron varios los meses de lucha, con movilizaciones a los tribunales incluidas, para pedir justicia, contando principalmente con el empuje de Cintia Evelin Wilchez, la madre de la víctima. Cabe destacar que los magistrados no dieron a lugar a ningún tipo de beneficio al condenado, por lo que los 9 años los deberá cumplir de forma efectiva.

Dentro de las opciones que barajaban como particulares damnificados, la pena que recibió el acusado dejó conforme a los familiares, teniendo en cuenta que en casos similares las penas van de 8 a 25 años y que, debido a que por el funcionamiento del Fuero Penal Juvenil vencía el plazo para dictar una condena por el crimen, el joven que le dio muerte a Leandro podría haber quedado en libertad.

El pleito entre ambos jóvenes que terminó con la muerte de Wilchez sucedió el 29 de diciembre en Berisso, en calle 128 entre 35 y 36, fue a la madrugada y ya había un conflicto anterior. La puñalada que recibió el menor fue debajo de la axila y le perforó el corazón, lo que terminó provocándole la muerte a los pocos minutos de haber recibido el certero cuchillazo.

Atentos a esta situación del coronavirus, el acusado podría haber quedado en libertad si no se llegaba a un acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que según el Régimen Penal Juvenil, que se ajusta a esta causa, el plazo para fijar un día para el inicio del juicio es de 180 días, que se puede prorrogar otro 180, pero en ese lapso se debe iniciar. Si no se comienza, automáticamente el acusado queda en libertad.

Con la pandemia, el Tribunal del Joven Criminal N°1, no estaba dando fechas para el inicio de los debates, por lo que el vencimiento de la prórroga de la prisión preventiva, estaba fijada para el pasado 21 de diciembre. Vale destacar que en otros casos similares al de Wilchez Ayala, los acusados finalmente quedaron en libertad porque se venció ese plazo de prisión preventiva.