La Dirección de Institutos Penales está bajo la órbita del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), dependiente del ministerio que conduce Andrés “Cuervo” Larroque.

Hace menos de 15 días, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra un grupo de funcionarios del OPNyA, entre los que se encuentra Serrano.

Los acusa de varios ilícitos cometidos en el Centro Cerrado Almafuerte, ubicado en el complejo del Sistema Penal Juvenil de La Plata. La misma la hizo en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y Malos Tratos bonaerense.

Se trata del caso del joven Gonzalo Nazareno Saucedo, de 17 años, quien era hostigado y torturado por el personal que debía custodiarlo. Pero el día 12 de octubre (y según los menores que presenciaron la terrible secuencia) uno de los custodios empujó a Saucedo y casi lo tiró de la silla, lo que derivó en forcejeos y en una tremenda paliza. La CPM afirmó a este medio que a Saucedo lo sacaron del lugar “colgando mediante el método conocido como ‘criqueo’, es decir, mientras uno lo rodeaba con sus manos por el cuello ahorcándolo, otros sujetaban sus manos hacia atrás y los restantes de las piernas”.

En esta causa también se mencionan a Cristian Beninche, Sebastián Maldonado y Luis Mansilla y a un grupo de custodios del establecimiento que indujeron al suicidio al joven.

En la denuncia interviene en la UFI Nº 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

Causa por abuso sexual

Una joven profesional de Niñez y Adolescencia que participaba de una jornada de trabajo institucional vía Zoom, rompió en llanto y reveló todo: hacía un tiempo, en febrero pasado cuando trabajaba en el Instituto Almafuerte, había sido víctima de abuso y acoso sexual por parte de Juan Serrano, su jefe en ese momento.

También manifestó haber denunciado el hecho a sus superiores, quienes no activaron el protocolo y solamente le ofrecieron el pase a otro lugar de trabajo. La causa recayó sobre la UFI Nº 5 de La Plata, quien deberá investigar lo sucedido.

Según cuentan sus compañeras de trabajo, desde que decidió contar su historia, no para de recibir mensajes de funcionarios del Ministerio “apretándola” con la sugerencia de que no avance judicialmente con la excusa de que “nadie le va a creer”.

El Ministerio a cargo de Larroque no emitió palabra alguna sobre ambos hechos y desde los organismos de Derechos Humanos piden una respuesta urgente y la separación del cargo de los responsables