Interior del país
Inseguridad

Revocar sobre mojado y deteriorado no soluciona el problema de base que tiene Córdoba

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. (Dibujo: NOVA)

Por Ana Nemer Pelliza, de la redacción de NOVA

Los casos de gatillo fácil sucedidos contra adolecentes en los cuales le costó la vida a Blas Correa y Joaquín Paredes causaron horror en la sociedad. Estos crímenes repercutieron fuertemente en la sociedad cordobesa, que ha reaccionado y reclama un verdadero cambio y políticas públicas que solucionen problemas graves que viven los ciudadanos.

El hecho de haber reemplazado la cúpula de la Policía por una mujer, la tía de Blas Correa en sus redes pidió que “los cambios sean profundos y no cambios políticos o para impactar. Hombre o mujer da lo mismo”.

Tal es así que la designada jefa Liliana Zárate Belletti y el subjefe Ariel Lecler estuvieron en el área de Recursos Humanos y Formación Profesional, es decir, eran los responsables de preparar y evaluar a todos, incluidos a los que hoy denotan su mala preparación.

A esto se les suma el incremento de carpetas médicas y denuncias de violencia familiar presentadas en la fuerza de seguridad. Muchos policías trabajan duro y arriesgan su vida para lograr hacer cumplir la ley encontrándose con otra la triste realidad, un problema estructural que hace que sus esfuerzos sean en vano, ya que al atrapar a un delincuente quedan libres a la semana por el colapso del sistema carcelario. Es así que solo privan de la libertad a los que cometieron hechos graves, es decir, con muertos o lesiones gravísimas. Esto produce un incremento de los delitos ya que los delincuentes saben que salen o simplemente no se molestan en investigar ni atraparlos generando las olas de delincuencia.

Los vecinos filman y sacan fotos para individualizarlos, pero al llevarlo a la fiscalía no se logra nada y solo es tomado como indicio y desestimados ya que las cárceles están colapsadas de la cantidad de reos que contienen. Los delitos son una constante y los vecinos cordobeses cada vez más se van encerrando en sus casas, con alarmas, custodios barriales (los que pueden pagarlos), WhatsApp vecinales, SOS y reclamos constantes por el temor que esto implica.

Ya no se puede salir a pasear en bicicleta en los barrios, o al pedido de comida rápida los pobres repartidores se enfrentan al robo en manada, el llamado “robo piraña” en los que participan también menores de edad. Si logran atraparlos, generalmente, son menores de edad, quienes son utilizados como pantallas activando otro gran problema, que es “El Complejo Esperanza”. El mismo es un lugar que alberga a los menores que están con un proceso abierto conviviendo niños de 13 años con jóvenes de 16 y en otro pabellón los demás hasta inclusive adultos de 22 que por disposiciones de jueces los conservan en ese lugar. Prácticamente adultos con menores, siendo la pedofilia y los abusos carta constantes en estos recintos.

Si el fin de este complejo es reinsertarlos en la sociedad logra todo lo contrario, muchos salen peor y más peligrosos. El “Complejo Esperanza”, que de esperanza no tiene nada, destapa otra olla muy grave que el Gobierno de Córdoba no da respuesta. A decir del doctor Lucio Prelato, quien trabajó en el lugar: “En el complejo no hay un protocolo claro para los menores que alberga, muchas celdas se cierran con esposas, la droga y las bandas están instaladas y dejan a los cabecillas que manejen a los demás”. Tal es así que cada guardiacárcel determina si una acción es buena o mala, variando y dependiendo de quién está de turno. Los guardiacárceles son funcionarios administrativos sin una capacitación y entrenamiento y para el caso de que se hagan redadas, no tienen materiales de protección para enfrentar situaciones graves.

De esta forma vemos el problema que tiene Córdoba en su estructura policial y que un simple revoque no soluciona nada. Tapar con nuevos nombramientos, cámaras y vehículos no solucionan el problema de fondo, se necesita una verdadera política pública policial y carcelaria con un personal capacitado combinado con una modificación del código procesal penal que produzca el efecto de ser disuasiva para que el delito disminuya realmente en nuestra provincia.

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