Interior del país
#liberenelpuente a la Justicia y otra caravana

Chaco y Corrientes: el gobernador Valdés sigue teniendo "cautivos" a los ciudadanos con la excusa del Covid

Movilizados el puente interprovincial promueven dos nuevas presentaciones judiciales y otra caravana.
Eugenia Jardon, una de las referentes del grupo de chaqueños y correntinos que busca liberar el paso en el viaducto que une a ambas provincias.
Eugenia Jardon, una de las referentes del grupo de chaqueños y correntinos que busca liberar el paso en el viaducto que une a ambas provincias.

El conflicto generado por la decisión del Gobierno de Corrientes de impedir de facto el paso interprovincial trascendió las fronteras del país y ya es estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este análisis es a instancias de la presentación que realizara el grupo de ciudadanos y ciudadanas de ambas provincias que consideran que se están vulnerando derechos fundamentales.

Eugenia Jardón, es una de las referentes del colectivo que se ha mostrado más activo en el afán de hacer realidad la consigna "Liberen el puente", que hasta ahora no ha encontrado una vía de solución por los canales habituales. "Hemos recibido la notificación por parte de la Comisión de que nuestra presentación ha ingresado y ahora se abre una etapa de estudio de las pruebas", confirmó Jardón, según publica la Agencia Foco.

Además, anticipó que en el transcurso de esta semana promoverán "dos amparos" con el mismo tenor ante la Justicia chaqueña, mientras se terminan de delinear las estrategias para llevar el reclamo también ante el Congreso de la Nación, a través de los representantes de ambas jurisdicciones en el Parlamento. A la par, el grupo de movilizados ya se encuentra en plena organización de lo que será la novena caravana en el viaducto interprovincial para reiterar el reclamo por la liberación del puente e insistir en concretar una audiencia con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien, hasta ahora, se ha mostrado indiferente al pedido de los ciudadanos de su provincia y del Chaco.

La presentación

En el escrito enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los movilizados aseguran que "las violaciones a los derechos humanos vienen produciéndose desde mediados de marzo de 2020; es decir a partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), dispuesto por el Gobierno Nacional y al que adhirieron las provincias argentinas, impidiéndose el ejercicio de los derechos de circulación libre, de propiedad privada, patrimonial, el acceso a la salud, al trabajo, entre otros derechos fundamentales del ser humano".

En ese marco, aseguran que para la mayoría de los "ciudadanos comunes" resulta "prácticamente imposible" cumplir con los requisitos para ingresar a la Provincia de Corrientes, ya que "por no encuadrar en las excepciones o porque los permisos simplemente no son otorgados". El colectivo asegura que "Resistencia y Corrientes son ciudades que funcionan como una sola", pero a partir de la pandemia se instaló una especie de “Muro de Berlín” que es el puente General Belgrano, construido sobre el rio Paraná.

Recuerdan que muchos habitantes del Chaco tienen propiedades en distintas localidades de Corrientes, pero sobre todo en la Villa Turística de Paso de la Patria; "Desde el mes de marzo/2020 no se puede ingresar a dichas propiedades, ni ver en qué estado se encuentran las mismas, hasta algunas han sido objeto de robos e incendios", advierten.

Además, cuentan que personas que residen en Corrientes, pero trabajan en Chaco no pueden cruzar, porque si lo hacen no les permiten regresar a sus domicilios y viceversa. Remarcan también que esta problemática recae sobre los estudiantes universitarios, ya que hay facultades en ambas provincias, pertenecientes a dos universidades: Universidad Nacional del Nordeste facultad de Abogacía, Veterinaria, Agronomía, Medicina etc., Universidad de la Cuenca del Plata y la Universidad Tecnológica Nacional facultad de Arquitectura, Administración de Empresas y Contaduría, Ingeniería, etcétera.

La presentación amplía el universo de los afectados a pacientes cardíacos y oncológicos que no se pueden atender por sus médicos; padres separados que no pueden ver a sus hijos; y abuelos que no pueden ver a sus nietos y viceversa. En este marco, aseguran que la situación planteada "atenta claramente" contra las recomendaciones efectuadas por esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según Resolución N° 1 del 10/04/2020, en particular C. Parte Resolutiva, que prescribe guiar su actuación de conformidad con los siguientes principios y obligaciones generales: "Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada".

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