Interior del país
Mala imagen

Salta: Sáenz sigue protegiendo a los políticos acusados de incumplir con sus deberes de funcionario público

Gustavo Sáenz sigue defendiendo a los políticos que se encuentran investigados por la justicia. (Dibujo: NOVA)

Aunque el gobernador, Gustavo Sáenz, pretender dar una imagen de severa neutralidad, la realidad dice otra cosa, y más que nadie lo saben Jorge Enrique Prado, Manuel Cornejo y Gustavo Solís. Lo que era una simple coincidencia, una sospecha dirán los más desconfiados, hoy es una certeza. Gustavo Sáenz es capaz de utilizar la debilidad ante la ley de los funcionarios en apuros para beneficio propio, lo que lo convierte, casi, en un pacifista.

En marzo de este año, y con una incipiente pandemia, Jorge Enrique Prado ya había sido tapa de todos los medios salteños, y en Buenos Aires ya lo investigaban. El malogrado ex intendente de Aguaray había posibilitado la extracción de kilómetros y kilómetros de caños, cuyo destino eran las de un negocio turbio, espurio, en donde cada detalle escondía un acto de corrupción, y en donde todos los dedos lo señalan como partícipe obligatorio.

En ese mes, marzo, el diputado del Frente de Todos, Jesús Ramón Villa, presentó un proyecto para intervenir el municipio de Aguaray, aduciendo que además del pequeño problema del Gasoducto del NEA, Prado estaba llevando al municipio a la quiebra, y había movimientos económicos sospechosos. Desde la Cámara de Diputados, la mayoría saencista dio todas las vueltas posibles para evitar el tratamiento del proyecto, pero en paralelo, sus principales voceros se manifestaban preocupados por la situación del municipio.

Diputados aprobó finalmente la destitución de Jorge Enrique Prado el 13 de octubre. El senado hizo lo propio tres días después. Al medio, un desfalco de millones de pesos, y ocho meses en los que Gustavo Sáenz evitó que el proyecto del diputado Villa sea tratado. Unas semanas antes del tratamiento del mismo, el secretario del Interior, Mario Cuenca, visitó la ciudad norteña para calmar las aguas, y para hablar con el intendente en aprietos. Esas charlas quedarán en el mayor de los misterios.

Otro beneficiado por el manto de protección del gobernador Sáenz es Manuel Cornejo, el intendente mandato cumplido de Campo Quijano. La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio contra el ex intendente, quien está acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor. En la misma causa fue imputada la ex secretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Rosa Méndez, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real y en calidad de autora.

Esta vez la polémica deviene de la gravedad de las acusaciones y la certeza de que Cornejo dejó casi todos los deditos marcados. El grave perjuicio al erario municipal es del orden de los 84.000.000 de pesos, y cada día que pasa aparece algo nuevo. Cornejo, además, espera el juicio en la comodidad de su domicilio. A pesar de los pedidos de la fiscal Siemesen, para la jueza Espeche no existe riesgo de fuga de Cornejo, a pesar que fue buscado en las últimas horas y no pudo ser hallado. Solo se dispuso medidas sustitutivas como la entrega del pasaporte, comparecer ante el juzgado todos los días lunes y jueves, constituir domicilio y la prohibición de mantener contacto con personas vinculadas en la causa. Luego de la modificación de la Corte, el gobernador posee mucha influencia sobre los letrados. Igual o mayor que sobre las Cámaras.

El tema Solís “es más complejo”, el actual intendente de Rosario de la Frontera apoyó abiertamente al oso Leavy en las últimas elecciones. Y, además, intentó reagrupar al Frente de Todos dentro del Partido Justicialista, potestad del saencismo mediante la participación de Pablo Outes como presidente de la Comisión de Acción Política del PJ Salteño. Imperdonable. El intendente de la localidad salteña fue señalado por irregularidades detectadas en 2018 sobre cuentas de un año anterior. La denuncia la hizo el Auditor General de la provincia, Mariano San Millán, ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Gustavo Solís compartió una reunión con referentes de la alianza kirchnerista en Salta y desde el Gobierno provincial se llevó a cabo una suerte de movimientos que lo dejó al borde del knockout. Desde la Auditoría General de Salta, a cargo de Mariano San Millán, se denunció penalmente ante la unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a Solís por encontrarse irregularidades en una auditoría correspondiente al año 2017.

“Llama poderosamente la atención que después de dos años y medio después de realizada la auditoría, considere que hay elementos para llevarla a la Procuración” afirmó el senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico. En general una situación muy compleja, y de características similares a la vivida en el norte, en Aguaray. El broche de oro de la semana lo puso nuevamente el secretario del Interior, Don Mario Cuenca, quien viajó para conversar y quizás, poner paños fríos, tranquilizar, como lo intentó a finales de septiembre con Jorge Prado, y alinear a otro intendente en apuros.

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