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Salta: Ricardo Villada en el ojo de la tormenta: cada vez más solo dentro del Gabinete del Gobernador

Ricardo Villada es ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de Salta. (Dibujo: NOVA)

Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, es el blanco perfecto en el Gobierno de Gustavo Sáenz, tras los escándalos por la falta de ayuda a la sociedad, la pandemia y la crisis con los Pueblos Originarios.

Villada fue uno de los bastiones en el segundo tramo de la gestión saencista en la Municipalidad de Salta. Tuvo su premio ocupando el lugar de Luis García Salado en la Municipalidad: Secretario de Gobierno. El desplazado pasó a ocupar una figura que Sáenz se negaba a tener como la Jefatura de Gabinete.

Pero, con la situación actual que atraviesa la Provincia, el Gobernador no quiso a alguien específico como jefe de Gabinete. En su lugar, dejó esas riendas a Pablo Outes y Nicolás Demitrópulos que hicieron lo que pudieron, o quisieron; pero que al parecer tendrá su fin prontamente.

Villada pasó a Provincia y ocupó uno de los ministerios clave de esta gestión. A su cargo están las áreas de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. Como cada uno de los primeros años de los mandatarios, la tranquilidad ahonda en los pasillos. La gente tenía paciencia porque la gestión recién iniciaba. Luego llegaron los escándalos, las muertes en el norte, la pandemia. Ricardo fue uno de los que más participación tuvo en toda la cuarentena. A veces con Posadas, otras con “Pancho” García; pero siempre estaba él para pilotear la situación y las preguntas de los medios.

Esto, como es predecible, terminó por desgastar al funcionario que, debido a los escándalos que sacuden al gobierno provincial y sobre todo relacionados a su área, hoy se encuentra solo, alejado del resto, sobresaliendo para mal y, muchos aseguran, afuera del gobierno dentro de pocas semanas.Tan solo en los últimos 10 días, una incompatibilidad en la Justicia salteña, el reclamo de Pueblos Originarios y el accionar de la Policía.

El primero de ellos tiene como protagonista al ahora juez de Corte Horacio Aguilar quien asumió en el cargo en el mes de junio propuesto por el gobernador Gustavo Sáenz.

Un mes después, Aguilar armó la empresa “Los Viñaco” a pesar que el artículo 155 de la Constitución de la Provincia de Salta establece que los jueces y secretarios “no pueden realizar actividad política partidaria. Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios”.

Esto le fue consultado a Villada quien, de forma poco atinada, mencionó que el Poder Ejecutivo no es el encargado de adoptar y juzgar esas conductas. “Si alguien cree que hay incompatibilidad, deberá activar resortes correspondientes y haya un análisis y tomar medidas que corresponden”, dijo.

Posteriormente, como se ha difundido en NOVA desestimó que los indígenas wichís que estaban alojados en el Hogar Escuela hayan sido desalojados durante la mañana del jueves 19 de noviembre. Minutos después, lo escuchó en boca de los propios caciques e intentó expresar que se había tratado de un desentendido.

Por último, pero no menos importante, está el tema histórico de la violencia policial. Horas atrás desde el Ministerio Público Fiscal informaron que, en tan solo cuatro meses de gestión a cargo de la fiscal Verónica Simesen de Bielke en la Fiscalía de Derechos Humanos, se realizaron 101 imputaciones a efectivos policiales y se solicitaron 37 elevaciones a juicio por excesos policiales.

A fines de junio distintas organizaciones de Derechos Humanos denunciaron los abusos tras el decreto de Sáenz 255/2020 que dotaba de “súper poderes” a la fuerza salteña.

En aquella ocasión, se denunciaron más de 20 casos de violencia y hasta la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante la Justicia de Salta un hábeas corpus preventivo y colectivo, ante las numerosas denuncias de abusos de la autoridad. Villada, lejos de mediar en la problemática, terminó respaldando el polémico decreto.

“Es una norma que se sacó en el marco de la emergencia, porque el DNU Nacional les pedía a las provincias que tomen medidas efectivas y nosotros las tomamos”, afirmó Villada sin darse cuenta que cada declaración por defender al Gobierno, lo terminaban alejando de a poco y dejando cada vez más solo y con un pie prácticamente afuera del Grand Bourg.

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