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Demandan accesibilidad, transparencia y no discrecionalidad en la distribución de la pauta al gobernador de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. (Dibujo: NOVA)

La agencia “Comunas del Litoral” integrante de APDRA, formula una demanda pública al titular del Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, en vistas a que resolvió el gobernador bloquear los teléfonos del medio en cuestión (utilizados para solicitarle una entrevista).

También lo hizo la propia ministra de Educación, a diferencia de todo el arco político provincial, conformado por oficialistas y opositores en el ámbito del poder legislativo y de los restantes municipios de la provincia de Corrientes que poseen desde hace década y media una vinculación en el marco de la ley, respetuosa y responsable con un medio de comunicación como la agencia Comunas del Litoral, a quién el gobernador y miembros de su gabinete, le niegan desde hace años el acceso a la información mediante solicitudes de entrevistas que son rechazadas hasta el hartazgo.

Considerando que las libertades de expresión, opinión, y prensa al ser derechos fundamentales e inmanentes a la naturaleza humana, lo son también a los sistemas republicanos y democráticos de gobierno, por ello se erigen como derechos implícitos en las Constituciones y las disposiciones que de ellas se desprenden; así ocurre en la República Argentina, donde esos estándares no son sino garantías constitucionales expresamente consagradas en la Constitución Nacional y de las Provincias, en los Tratados Internacionales con rango constitucional y demás preceptos que en su consecuencia se han dictado.

En materia de libertad de Expresión, Opinión y Prensa la Constitución Nacional impone un mandato básico que cimenta el sistema republicano de gobierno, al establecer en el artículo 14 que todos los habitantes tienen el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; y por otra parte el artículo 32 dispone que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción Federal.

En Argentina la distribución de pauta publicitaria se encuentra regida por las normas generales para la contratación de bienes y servicios por parte del Estado y por algunos decretos específicos. El régimen de contrataciones vigente, establecido en el decreto 1023/01, prevé que el proceso estándar será el de la licitación pública, un mecanismo competitivo que no se utiliza para la publicidad oficial.

Según informó la Secretaría de Medios, la asignación de publicidad se realiza sobre la base de un plan que analiza prioridades y recursos: se consideran el destinatario deseado, los objetivos del mensaje, el rating y la cantidad de audiencia del medio destino de la pauta, así como el tipo de medio y su cobertura geográfica, entre otros. Sin embargo, la aplicación de estos criterios resulta poco clara en la práctica, tal como lo evidencian los casos de asignación discriminatoria de la pauta oficial por parte del gobierno argentino documentados en los informes de ADC.

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