La situación se agrava por los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación.

Es tan grande el daño que hay un antes y un después. Por eso se habla de ecocidio: la destrucción extensa o la pérdida de ecosistema de un territorio concreto, normalmente deliberada y masiva, bien por medios humanos u otras causas.

El concepto de ecocidio comenzó a generarse en los últimos años de la Guerra de Vietnam (1955-1975), cuando las huellas de aquel conflicto bélico eran más que patentes y resultaban devastadoras sobre el territorio.

De hecho, el ecocidio estaba propuesto para ser el quinto crimen contra la paz cuando iba a constituirse la Corte Penal Internacional de la Haya en 1998, pero quedó de los delitos que juzga este tribunal: la lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y los de agresión contra estados o territorios.

Pero, ¿qué hay detrás de esta destrucción masiva? El agronegocio, las mineras y la especulación inmobiliaria. La avaricia por extender la frontera agropecuaria genera incendios, desertificación del suelo, deforestación y desmonte.

“Desde el avance de la agricultura basada en el monocultivo sojero intensivo en agrotóxicos, hasta la profundización de la minería a cielo abierto, por nombrar sus ejes principales, el esquema de acumulación de capital continúa basado en patrones extractivos cuyos beneficios son apropiados en forma privada, mientras que sus costos sociales y ambientales son socializados de manera compulsiva”, asegura Cecilia Gárgaro, investigadora de CONICET.

Para evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras, desde el bloque de Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios provocados o intencionales.

La iniciativa determina que por el término de 60 años no se podrán cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas.

En paralelo, la Cámara de Senadores reactivó la semana pasada el debate con referentes académicos, ambientalistas y del sector productivo, entre ellos autoridades del Inta, que expresaron su opinión sobre una Ley Nacional de Humedales.

En Argentina los humedales representan aproximadamente el 21 por ciento del territorio, según estimaciones de GreenPeace, pero no existe un marco legal que los proteja. Estos ecosistemas ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías y las fuertes lluvias.

En el Delta del Paraná estos canales colaboraban en la prevención de incendios. Pero sin humedales se vuelven cada vez más incontrolables. Los más de 30 mil focos registrados en la zona en lo que va del año no hacen más que evidenciar la necesidad de una ley que los proteja.

Por tal motivo, es urgente una moratoria para impedir que se sigan destruyendo y que se agregue la figura del delito penal con multas significativas para quienes cometan este crimen ambiental.

El Congreso de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de establecer los presupuestos mínimos de protección de los humedales y de diseñar políticas públicas para frenar la destrucción masiva de los ecosistemas. El agronegocio abre puertas y dilapida todas las formas de vida a su paso, poniendo al país al borde de una crisis ambiental irreversible.