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Once años de lucha

La historia de Rocco, el nene que sufre una discapacidad por un caso de mala praxis y su madre exige justicia

Pasaron más de 11 años desde que Rocco Grime Kahan sufrió un golpe en su cabeza por parte de una enfermera.
El golpe le dejó graves secuelas en su estado de salud hasta el punto que le generó una discapacidad.
A pesar del paso del tiempo, la causa todavía no tuvo un avance significativo.
Producto de ese incidente, el niño quedó afectado con un retraso madurativo con secuelas que son irreversibles.
La lesión se produjo mientras le estaban realizando una extracción de sangre en la guardia pediátrica del centro de salud mencionado.

Pasaron más de 11 años desde que Rocco Grime Kahan sufrió un golpe en su cabeza por parte de una enfermera, dejándole graves secuelas en su estado de salud hasta el punto que le generó una discapacidad. Desde entonces, Deborah Kahan, su madre, viene exigiendo justicia por este estremecedor caso de mala praxis, pero a pesar del paso del tiempo, la causa todavía no tuvo un avance significativo.

La historia comienza cuando Rocco tenía apenas un mes y 28 días de edad y asistió al Sanatorio Anchorena ubicado en la Capital Federal para realizarse un chequeo de rutina debido a la aparición de un brote dérmico. En medio de la atención, la enfermera que lo asistió realizó un mal movimiento y terminó estrellando su pequeña cabeza con un aparato médico. Producto de ese incidente, el niño quedó afectado con un retraso madurativo con secuelas que son irreversibles, 100 por ciento de discapacidad cognitiva y sin la posibilidad de hablar.

La lesión se produjo mientras le estaban realizando una extracción de sangre en la guardia pediátrica del centro de salud mencionado. En ese instante, la enfermera acostó al bebé y cuando lo giró, lo golpeó contra el vértice del negatoscopio. El primer diagnóstico que recibieron fue que había sufrido un traumatismo cráneo encefálico, contusión, hematoma y edema a nivel palpebral frontal derecho, y contusión a nivel lóbulo temporal izquierdo producto de un contragolpe, es decir que su cerebro se movió internamente.

Mediante la ejecución de una tomografía, se logró comprobar que el bebé tenía un edema cerebral y quedó internado en terapia intensiva para observar su evolución. Sin embargo, sus padres recién se percataron de las verdaderas secuelas de ese golpe durante el crecimiento de su hijo, al notar las dificultades que él tenía para comunicarse de forma oral y por ciertas actitudes como morderse las manos.

Ante esta situación, la familia decidió presentar una demanda y el titular del juzgado Civil número 21, Luis Sáenz, dictó el 11 de septiembre de 2019 una sentencia en la que condenaba al sanatorio, la Obra Social Unión Personal y a Erika Itzcovitz, la enfermera, por los daños colaterales. Pero a más de un año de esa resolución del magistrado, las víctimas no pudieron percibir la indemnización que les corresponde, debido a una estrategia por de los abogados de UPCN que obstruyeron la ejecución y la Cámara de Apelaciones en lo Civil frenó el pago.

La condena en primera instancia estipulaba un monto de 13,7 millones de pesos para Rocco, otros 1,8 millones para su madre y la misma para su padre, Esteban Grime. Ese dinero estaba destinado a cubrir los elevados costos para poder garantizarle una buena calidad de vida al niño. Pero los abogados que representan al sindicato que dirige Andrés Rodríguez y que a su vez representan a la obra social prepaga Accord Salud, se interpusieron y estancaron el desembolso de la suma que había resuelto el juez en septiembre del año pasado.

Actualmente, la causa se encuentra frenada en la sala “M” de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por María Isabel Benavente y Gabriela Iturbide. Al respecto de la situación, en diálogo con NOVA, Deborah Kahan manifestó que “sigue trabada en la misma instancia, sin avances. Lo único que admitió el tribunal es una presentación espontánea de nuestra parte para que se agregue al expediente un análisis genético”.

Esto se debe a que uno de los repudiables motivos que hallaron los letrados defensores de UPCN como argumento para negarse al pago es que durante el año 2009, Dante, hermano de Rocco, tuvo algunos inconvenientes para aprender. Por tal motivo, desde la familia tienen pensado presentar como prueba un análisis genético “que demuestra claramente que todo está perfectamente bien en ese sentido, dejando la clara posición de falacias y obstrucciones constantes que la demandada utilizó y continúa usando”, reveló Deborah.

En este mismo sentido, sobre el freno judicial, Kahan expresó que “lo tomamos como una pérdida de chance de reparación para Rocco y todo su entorno. Rocco es el que siempre pierde. La depreciación de la moneda corriente argentina hace que, desde la sentencia de primera instancia en septiembre del 2019, con un dólar a 59 pesos en ese momento y hoy a 190, él pierde alrededor de un 80 por ciento ya sólo por este motivo”.

“Tememos a esta altura y circunstancias que Rocco no logre una reparación justa, integral, abarcativa, absoluta y suficiente para poder afrontar todas sus necesidades actuales y futuras, incluso aquellas que hoy no existieran y le permitan una mejor calidad de vida e inclusión social”, se lamentó su madre y, al mismo tiempo, señaló que su hijo “necesitará para siempre asistencia permanente de terceros, tratamientos, medicación, pañales, material descartable, traslados, educación especial, esparcimiento especial y un lugar digno para subsistir”.

Sobre las decisiones que adoptó el gremio para negarse a pagar lo que el juez estipuló, Kahan comentó que “UPCN siempre tuvo una postura reticente a hacerse cargo de sus responsabilidades, utilizando todos los recursos que el sistema judicial argentino le permite. Obstruye, dilata, desvirtúa, aprovecha y evade. Buscando directamente desvincularse de las responsabilidades que deberían afrontar”.

La situación para la familia es muy compleja, ya que ni el gremio ni la obra social se hacen cargo de la reparación del daño, como por las prestaciones médico-asistenciales a las que está obligada a cubrir por contrato como prestadora de medicina prepaga y por la ley 24901 de discapacidad”, sostuvo Deborah y sentenció que “UPCN no paga, porque no quiere. Para ellos es un negocio, y recursos le sobran. Para Rocco es su única posibilidad de justicia”.

Actualmente, la causa sigue estancada, debido a que la Sala “M” de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, se hizo eco de una presentación del sindicato en la que solicitaban una prueba que no había sido ofrecida al momento de contestar la demanda. El insólito argumento utilizado es que el niño padece una condición genética preexistente.

Sin embargo, esas suposiciones no figuran en ninguno de los informes periciales realizados por los médicos de parte ni de oficio. Incluso, ninguno de sus tres hermanos, Tobías de 15 años, Dante de 14 y Eric de 4 padece una condición genética similar. A pesar de los embates de UPCN, su familia no pierde la fuerza y sigue exigiendo que se haga justicia.

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