Es por ello que la visibilización del abuso, más aun si son casos de abuso a menores, se utiliza como herramienta para poder prevenirlos, ya que un menor advertido es más difícil de engañar o someter.

De esta forma resaltamos lo importante de hablar sobre este tema en nuestro entorno familiar, en las redes sociales y grupos que puedan llegar a toda la comunidad, utilizándose así las redes en forma correcta.

Subir a las redes las herramientas para la prevención de un delitos y trasmitir las modificaciones y actualizaciones que tiene nuestra ley al respecto, como así también qué hacer en el supuesto en que nos pase una situación como estas, dónde recurrir y cómo enfrentar esta situación, son las acciones que realizan ONG como la nuestra, siendo un verdadero aporte social.

Resaltamos el gran avance que se logró el año pasado con la modificación del art. 72 del Código Penal Argentino, el cual estableció que el abuso deshonesto de menores de 18 años es de acción pública, esto quiere decir que cualquiera que denuncie, incluso si es una denuncia anónima, los fiscales tienen obligación de investigar de oficio aún con la negativa de los padres o cuidadores.

Pero ¿qué pasa cuando por intereses políticos, sociales o económicos, se hace viral la demanda de una supuesta violación en momentos en que la víctima era menor de edad?

Este es el caso del actor Juan Darthés denunciado por Thelma Fardín, quien manifestó que hace 10 años fue violada por el actor y es apoyada e incitada a realizar la denuncia pública por el colectivo de actrices que quieren el aborto legal, libre y gratuito cueste lo que cueste y dañe a quien dañe.

A esto se suma una cadena de denuncias incitadas por grupos feministas que quieren imponer su visión, incluso sin contemplar las consecuencias que con ello pueden ocasionar.

Una denuncia social viralizada en las redes genera diferentes reacciones, creándose bandos de uno y otro lado de miles de personas, pero que en general, por la aberración y rechazo que genera una violación a un menor, la mayoría se solidarizan con la víctima castigando y condenando socialmente al supuesto victimario, aun antes de que se pronuncie un juez al respecto.

Las garantías del debido proceso y que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario no operan en las redes sociales, y los principios penales que nos rigen queda como letra muerta.

Las denuncias en las redes sociales se toman como ciertas, sean o no reales, produciéndose una reacción en cadena que alcanza a gran cantidad de personas siendo muy difícil de parar y de borrar, ya que se fija en el historial de la persona de por vida, independientemente si se demuestra o no su culpabilidad.

Es por ello que nos preguntamos las consecuencias y las responsabilidades que produce una falsa denuncia en las redes sociales, a esto se suma el cómo convivir con una condena social anticipada, como así también al escrache público que sufre no solo el denunciado sino toda su familia.

Esto me recuerda a lo que pasa en los pueblos chicos “infiernos grandes”, cuando las habladurías y críticas sobre el otro son el único tema de conversación en todos los círculos en que se mueven las personas del pueblo, ya sea haciendo cola en un banco, en una reunión de té o en cualquier lugar en que se reunieran.

Pero el problema no solo queda allí, la condena social no solo recae sobre el supuesto transgresor, sino que se trasmite a sus hijos y nietos, es así que si una persona es socialmente condenada por un hecho, su descendencia lleva también su mal nombre.

Ensuciar a una persona por diversión sigue siendo algo muy común en esas comunidades, aunque los rumores, habladurías y afirmaciones solo queden en el pueblo, pudiendo el individuo liberarse del yugo social cambiándose de comunidad.

Pero con las redes sociales, la globalización y la inmediatez de las comunicaciones, sumado al registro que lleva internet de cada uno de nosotros, el yugo familiar ya no es tan fácil de liberarse y por ello la responsabilidad del que emite una falsa denuncia debe ser reglamentada con mayor severidad.

Téngase en cuenta que nuestro Código Penal en su artículo 245 establece que al que denunciara falsamente ante a la autoridad se le aplicará una penas privativas de la libertad van de 2 meses a un año (por lo tanto excarcelable al ser menores a 3 años) sumado a multas pecuniarias.

Pero este supuesto no es aplicado a las redes sociales pudiendo encuadrar, según el caso, en injurias o calumnias que al producirse en redes y compartirse en cadena, el objetivo de frenarlo es muy difícil.

Los comentarios, denuncias y escraches ya no son circunscriptos a un grupo social o comunidad sino que se extienden globalmente y el número de personal a las que llega es incalculable.

Por eso es fundamental establecer normativa legales que limiten el escrache social anticipado con un organismo de control para frenar a tiempo las consecuencias que se cobran víctimas como Agustín Muñoz, un joven de 18 años que se suicidó tras haber sido falsamente acusado de haber abusado de su amiga, quien después desmintió y pidió perdón a la familia.

Es fundamental que Agustín no sea olvidado, más aún, que se lo tome como referencia de las consecuencia que una falsa denuncia viralizada en las redes sociales puede producir y el daño irreparable que puede ocasionar.

(*) abogada, mediadora, magister en comercio internacional, especialista en Prevención y Tratamiento de Violencia Familiar y de Género.