El Tribunal de Cuentas determinó irregularidades en la compra de alimentos en el Consejo Escolar de Cañuelas
Hace apenas unos días, el organismo provincial finalizó la auditoría realizada a las cuentas del Consejo Escolar de Cañuelas en el balance de 2017 y encontró algunas irregularidades en la compra de alimentos. A pesar de que se aprobó la rendición en general, hubo un llamado de atención a los consejeros Luis Carnevali Susana Rojas, Lilian Furia, Eduardo Della Corte, Horacio Endara, Solange Mirc y a la secretaria Técnica Ana Cecilia Rubini.
La sanción se debe a que desde el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires encontraron un incumplimiento de las normativas de compra de alimentos para los comedores escolares. Por lo tanto, determinaron realizar ese llamado de atención a Carnevali (presidente de la entidad por aquel entonces), y a otros funcionarios más.
Durante el ejercicio 2017 el Consejo Escolar tuvo ingresos por 22.217.772 pesos que tuvieron su origen en las transferencias del Ministerio de Desarrollo Social por un total de 20.337.180 de pesos, destinados a cubrir los gastos del Servicio Alimentario Escolar (SAE); y las transferencias del Ministerio de Economía por 1.863.748; más 16.843 pesos de fondos propios.
En este sentido, hubo algunas objeciones del Tribunal por “una incorrecta instrumentación del proceso de contratación en el Servicio Alimentario Escolar" y durante la auditoría realizada en 2018, se verificó que no existían contratos de compra de alimentos por lo que solicitó información adicional sobre las compras efectuadas para Desayuno Merienda Completo.
A modo de respuesta, los funcionarios explicaron que se había instrumentado un sistema de compra “descentralizado”, a cargo de cada directivo; y un sistema de pago centralizado en el Consejo Escolar, por lo que no existían los contratos requeridos. Al mismo tiempo, argumentaron que “desconocían” la resolución que elimina ese tipo de compras.
En el mismo fallo, el Tribunal de Cuentas puso en conocimiento de Verónica Iozzolino, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2017, la observación planteada y la necesidad de implementar mejoras a fin de asegurar contrataciones que garanticen “publicidad y difusión, concurrencia, igualdad, libre competencia, economía y transparencia”.
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