De esta forma, Insaurralde deberá responder en forma solidaria, según consta en el expediente, por un monto de 10.727.943,01 millones de pesos. A su vez, el contador municipal Hernán Ariel Rosin hará lo propio, conjuntamente con el secretario de Hacienda Claudio Osvaldo Raggio, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Luis De Rosa y el subsecretario de Educación, Emanuel Edgardo Pidote por 27.304,729,06 millones de pesos.

A su vez, todos ellos, sumados al actual jefe de Gabinete, Guillermo Viñuales, deberán responder también por una cifra que supera el millón de pesos. Estas multas impuestas por el Tribunal de Cuentas se deben específicamente a que, según la resolución de la entidad provincial, los movimientos presentados por el Ejecutivo local, “no significa la real existencia de los valores en caja y bancos”. Al mismo tiempo, fueron desaprobados varios egresos.

En el ejercicio de 2016, faltaría la documentación respaldatoria en distintas erogaciones. Uno de los puntos más conflictivos es el Fondo Educativo, donde hubo una gran cantidad de obras iniciadas por el municipio y financiadas por ese programa, en el cual no se presentó la documentación que lo respalde, además que no se adjuntaron la solicitud y la recepción de las autoridades educativas de los trabajos contratados.

Al respecto, una vez analizada la documentación que presentaron desde el Ejecutivo local para evitar las multas, el Tribunal de Cuentas pudo constatar que “en el informe presentado por la Dirección de Infraestructura no constan las obras realizadas a las escuelas” que en teoría había encarado Insaurralde junto a los funcionarios de su gabinete. Además, se encontraron irregularidades en la compa de elementos deportivos para ser donados a diferente instituciones, donde falta la constancia de entrega.

El escándalo fue aún mayor, luego de comprobarse que falta el comprobante de varios depósitos realizados por la Municipalidad de Lomas de Zamora el Consejo del Partido Justicialista local, donde no existe un recibo oficial que garantice la validez. Los depósitos analizados fueron 11, y los montos rondan los 35 mil pesos. A su vez, hubo algunos conflictos con los vales de combustible y becas para alumnos de centros culturales.

Maniobras espurias para evitar las multas

Lejos de quedarse quieto, Insaurralde inició una serie de maniobras para evitar que esa resolución del Tribunal de Cuentas afecte su economía personal y las arcas municipales. Para eso logró algunos acuerdos con distintos sectores políticos y consiguió acomodar en la dependencia estatal bonaerense a hombres ligados a su círculo cercano.

Casualmente, quienes ingresaron al organismo provincial son Juan Pablo Peredo, Pablo De Rosa y Claudio Raggio. Los dos últimos, que están mencionados en la resolución, tenían un estudio contable, en el que figuraba como cliente el municipio de Lomas de Zamora. Es decir que, insólitamente, ellos mismo deberán evaluar su propio desempeño en el Ejecutivo Municipal.

Incluso, De Rosa ya habría nombrado al menos a cuatro asesores, a quienes también les habría entregado los famosos “módulos” para engrosar sus sueldos. Actualmente, algunos de los vocales cobrarían más de 300 mil pesos.

Por su parte, Rosin, otro los mencionados en el expediente tiene una causa abierta por defraudación al Estado en diciembre de 2017, por lo que debió renunciar a su cargo como contador del municipio; en la que también están involucrados Raggio, el director de Recaudaciones, Jeremías Oubiñas y la secretaria general, Florencia Stamatti.

Todo derivó en un allanamiento por parte del fiscal Fernando Escalera al estudio contable Hernán Rosin de Bernal, la consultora RRO SA y las firmas Lomberlis SA y Retrovial en la Capital Federal, en búsqueda de elementos que podrían vincular a De Rosa con dos de las siete sociedades de responsabilidad limitada bajo sospecha.