El oficialismo buscaba extender el presupuesto y autorizar la toma de deuda con mayor discrecionalidad, pero para aprobar la medida, la oposición logró introducir cambios como un límite a la extensión del presupuesto 2019 que solo llegará hasta el 31 de diciembre de 2020 y habrá 2 mil millones de esa deuda, que serán destinados al FIM, lo que reresenta un 16 por ciento del total.

Entre los puntos salientes de la ley también se autoriza al Poder Ejecutivo a "disponer la renegociación y/o rescisión de contratos de obras, bienes y servicios que generen obligaciones a cargo del Estado Provincial existentes a la fecha de entrada en vigor de la presente y según se establezca por vía de reglamentación", lo que le da facultades al gobierno para no renovar los contratos en todas sus áreas.

Se estableció incluso el mecanismo compensatorio para el caso de rescisión de contratos, al disponer que "cuando por razones de oportunidad, mérito o conveniencia se revocare un contrato del sector público provincial, cualquiera sea su naturaleza, la indemnización que corresponda abonar al co-contratante sólo comprenderá el pago del rubro correspondiente al daño emergente".

En materia impositiva el proyecto contempla un plan de regularización de deudas para las pequeñas y medianas empresas, productores y cooperativas a la que podrán adherir a los municipios para acompañar la medida, que además podrá utilizarse "aún cuando hubiere mediado sentencia de trance y remate, proveniente de tributos, anticipos, pagos a cuenta, accesorios por mora, intereses punitorios y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con los conceptos mencionados".