El ministro aseguró que la nueva gestión va a encarar una negociación para regularizar el servicio, pero advirtió que "esos fondos no están", por lo que el Estado no puede afrontar una cancelación de esa deuda de manera inmediata. La situación ya había sido advertida tanto por los prestadores como por los trabajadores del IOMA, que desde hace meses venían reclamando ante las autoridades sin obtener una respuesta.

La crisis de la obra social afecta a médicos, farmacéuticos, terapistas ocupacionales, enfermeros y acompañantes terapéuticos, entre otros, que en algunos casos acumulan un año de atraso en el cobro de prestaciones ya realizadas, lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos en miles de pacientes.

Por eso, Salud se convirtió en uno de las primeras áreas a sanear por el nuevo Gobierno, ya que los servicios son utilizados regularmente por centenares de miles de empleados públicos a los que además se les retiene de forma obligatoria el aporte para financiar la obra social, por lo que resulta incomprensible por qué se generó la deuda.