Tras la indagatoria, y a partir de la cual ahora el juez cuenta con diez días para definir si lo procesa o no, el ex ministro aseguró en declaraciones que "el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben por el gas durante el período 2016-2017, que es el imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración".

Sobre el supuesto beneficio a Shell, Aranguren dijo que "en ningún momento" tuvo interés particularmente por algún proveedor: "Tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público", subrayó.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".

Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell", que vendería meses después.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren y en el mismo expediente denunciaron al funcionario por la decisión de comenzar a pagar el gas a Chile de forma directa con un precio más caro que el que se le pagaba a Bolivia.