Panorama Político Bonaerense
Panorama semanal

Vidal plancha algunas reformas para evitar el costo político

El gobierno pretendía avanzar con la reforma del IPS en la primera mitad del año, pero ahora ordeno sacar el tema de agenda. (Dibujo: NOVA)

Por Maxi Pérez (@perezmaxi), corresponsal de NOVA en Casa de Gobierno y Legislatura

Sin dudas que el dato político de esta semana es la orden expresa de la gobernadora María Eugenia Vidal de sacar de agenda el tema de la reforma previsional en la provincia, y el proyecto de armonización del Instituto de Previsión Social con la Anses, que le daría al gobierno discrecionalidad en el uso de los fondos de los jubilados.

La decisión marca un límite para las posibilidades de la mandataria a la hora de avanzar en acuerdos políticos y la necesidad de monitorear permanentemente el clima social para evitar los costos políticos de dar un mal paso en un área tan sensible como las jubilaciones.

Lo primero que se desprende la información que circuló esta semana, hay que decirlo, es que parte del equipo económico le mintió descaradamente a los principales referentes sindicales cuando el año pasado les aseguró que no había intenciones de realizar ninguna reforma del IPS, aunque luego se conoció un borrador del proyecto que estaba circulando en los despachos de la Legislatura y la Casa de Gobierno.

La ecuación es simple, no se puede sacar de agenda un tema que se había asegurado que no estaba en la agenda, por lo que solo resta saber si los sindicalistas tomarán nota del desaguisado o simplemente dejarán pasar el tema para retomarlo cuando nuevamente la reforma pase a ser un tema de discusión, porque lo que está claro es que  la orden de "planchar" la discusión es solo momentánea.

Vidal quiere que su equipo priorice las negociaciones paritarias y espera para este año poder mantener la divisoria de aguas entre las distintas corrientes sindicales, algo que hubiera sido imposible en caso de avanzar con el proyecto de reforma previsional.

El efecto Quintana asoma en el horizonte

Quizá Mario Quintana, Coordinador de la jefatura de gabinete de ministros de Mauricio Macri sea el único de los ex ceos con intereses reales en la provincia de Buenos Aires y este año está dispuesto a presionar a fondo para conseguir como funcionario lo que no logró como hombre de negocios: el ingreso de Farmacity en territorio bonaerense, aunque para eso deba dejar en ridículo a la Justicia y a la Legislatura provincial.

En las próximas semanas la Procuración General de la Corte debería emitir un dictamen, que debió haber sido elaborado por Alejandra Gils Carbó, pero que la empresa logró dilatar gracias a una maniobra técnica que dejó a los farmacéuticos de la provincia sin la chance de contar con un informe favorable del Ministerio Público del cual tomarse en caso de que los jueces del máximo tribunal fallen en contra del Estado provincial. Ahora Eduardo Casal, Procurador Interino deberá resolverlo.

Pero más allá del efecto que la presión de Quintana logré en la Justicia y en los ámbitos nacionales, hacia la política bonaerense podría representar un incómodo frente de batalla interno para la gobernadora Vidal, porque la ley que establece el modelo sanitario de farmacias en la provincia data del gobierno de Alejandro Armendariz y es un diploma caro para el espíritu radical, por lo que los socios del PRO no estarían dispuestos a aceptar fácilmente la pasen por encima.

Distinta es la situación del macrismo puro, dispuesto a aceptar las nuevas reglas de juego y rifar la historia  de la legislación vigente, por lo que se advierte que  la causa Farmacity le va a traer más de un dolor de cabeza a Cambiemos a lo largo de todo este año.

El peronismo busca su lugar

La reunión de este viernes en San Bernardo podría significar la clausura de la etapa de la “convocatoria” tras la renovación de autoridades el PJ bonaerense a mediados de diciembre pasado, por lo que Gustavo Menéndez y compañía estarían dispuestos a pasar a la acción en términos políticos, ya con la mira puesta en 2019.

“Las puertas van a seguir estando abiertas, pero no los vamos a esperar toda la vida”, dijo antes del cónclave uno de los organizadores del evento en referencia a dirigentes como Sergio Massa, Florencio Randazzo e incluso Cristina Kirchner, por lo que las expectativas están puestas en el lugar que ocupará el peronismo a partir de este momento.

El documento  que se conoció tras la reunión, por un lado lanza lo que podría ser el último llamado oficial a “conformar un gran frente de unidad” con todos los sectores del peronismo, pero también adelanta que el objetivo de la nueva conducción es desarrollar una alternativa que recupere el rol del Estado, desarrolle un modelo económico recostado sobre el mercado interno y respete la autonomía de los distritos para  alcanzar el desarrollo económico con inclusión social.

Es decir que desde lo discursivo el peronismo busca ser cada vez “más peronista”, aunque por el momento esa definición podría dejar afuera a más de un dirigente de peso de la provincia, por lo que la conducción partidaria tiene el importante desafío de construir un nuevo equilibrio en la relación de fuerzas interna.

El club de los 65 mil millones

Los fondos extra que recibirá la provincia en los próximos 2 años, como compensación por el Fondo del conurbano en el marco del Pacto Fiscal que firmó Nación con casi todas las provincias, ya está abriendo una grieta en el escenario bonaerense que tiene que ver con el destino de esas partidas.

En la mesa chica del PRO quieren que cada peso de esos recursos vaya a parar a distritos de la tercera sección electoral, para realizar obras que permitan posicionar la gestión de gobierno y a los candidatos locales de Cambiemos, que en general son macristas puros y no boinas blancas.

Pero desde el interior existe un reclamo, por ahora bastante tibio de los intendentes oficialistas para que una parte de esos fondos se destinen o transfieran a los municipios, para liberar recursos propios en un año que se advierte complicado en materia económica.

También los sindicatos van a reclamar por esos fondos cada vez que desde el ministro Hernán Lacunza intente explicar que la provincia no tiene fondos para un nuevo aumento, y hasta sectores sociales adelantaron que esperan un refuerzo en materia de inversión social gracias a la llegada de dinero extra.

Lo cierto es que los 65 mil millones serán también una distracción a la que el gobierno podrá echar mano cada vez que le haga falta para bloquear otros debates o avanzar con alguna reforma, por lo que aún sin definiciones el tema estará en agenda desde ahora y seguramente por varios meses.

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