Panorama Político Bonaerense
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La provincia toma todo y todos ponen

La gobernadora decidió que el año cierra con una opción a favor de las arcas del Estado (Dibujo: NOVA).

Por Maxi Pérez (@perezmaxi), corresponsal de NOVA en Casa de Gobierno y Legislatura

Entre las 6 opciones que tiene la perinola, dos sobresalen por sobre la demás, se trata del "toma todo", que le permite al jugador quedarse con el pozo acumulado, y del "todos ponen", que aumenta el pozo quitándole en igual proporción a todos los participantes, indistintamente de que tengan o no resto para continuar jugando después de hacerlo.

Casi como si se tratara de reescribir las reglas de este juego de azar, que para la mayoría solo cobra sentido si se juega por dinero contante y sonante, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió que el año cierra con una opción a favor de las arcas del Estado "toma todo" y una en contra de la totalidad de los sectores que lo integran "todos ponen", de esta forma lo que es presentado como un acto de justicia y el final del privilegio para unos pocos, es en realidad la profundización de un modelo de diferencias que no discrimina a los que mas y a los que menos tienen.

Las modificaciones al sistema jubilatorio del Banco Provincia fueron presentadas de esa manera, como el final de los beneficios para unos pocos, sin considerar siquiera que muchos de esos "beneficios" formaban parte de los derechos adquiridos por los trabajadores en el marco de la negociación con la patronal, que en este caso está representada por el Estado. 

Por supuesto que para cualquier trabajador que deba jubilarse a los 65, con un salario inferior a los 20 mil pesos puede parecer una injusticia que alguien se jubile a los 57 con un haber de más del doble, pero eliminar lo que parece un privilegio no es ni más ni menos que equilibrar hacia abajo, ya que no mejora objetivamente la condición del primero, sino que apenas empeora la del segundo.

Pero además lo que se presentó como una mera modificación del sistema previsional de un sector, es en realidad un cambio en la gestión administrativa que transfiere al Banco toda la responsabilidad sobre el déficit que genera y/o podría generar su caja de previsión social, por lo que imponer una nueva edad para jubilarse parece también traído de los pelos en esas condiciones y solo se explica por la necesidad del gobierno de generar consensos para aprobar la medida.

Si la provincia fuera a seguir administrando los fondos de la caja del BAPRO sería comprensible que para evitar el colapso modifique la edad, pero en este caso deja de hacerlo pero igual extiende la vida laboral de los empleados, en lo que comienza a parecer, ahora sí, una injusticia en la cual el gobierno les dice: "ahora se hacen cargo de su caja, de su déficit y  además trabajan hasta los 65".

La protesta de los trabajadores no logró frenar la medida y la conciliación obligatoria parece encaminarse a destrabar el conflicto, que sin embargo para sectores de la oposición, no es más que el puntapié inicial para la cuestión de fondo que es la modificación de régimen administrativo del IPS, presentado como una "armonización", una especie de eufemismo para referirse a un cambio que le dará al gobierno discrecionalidad en el manejo de la caja de los jubilados bonaerenses. 

El "todos ponen" en esta caso incluiría realmente a todos, porque la caja de la provincia abarca a estatales de todos los organismos y niveles del Estado, quedando apenas por fuera algunos regímenes especiales, precisamente como el del Banco Provincia, que serían algo así como el tubo de ensayo para las reformas que pretende el equipo económico de Vidal.

Docentes y estatales también ponen

La negociación paritaria para el año que viene podría traer una nueva sorpresa para los empleados de la provincia, que siguen con atención lo que pasa en otros distritos como Córdoba, en donde por lo menos un sector ya acordó un aumento del 11 por ciento más clausula gatillo, es decir casi 5 puntos por debajo de las proyecciones inflacionarias contempladas en el proyecto de presupuesto que se debate en el Congreso nacional, que además tiene el nefasto antecedente de los dos ejercicios anteriores en lo que los datos finales de aumento de precios superaron ampliamente los datos del presupuesto, por lo que es válido suponer que la historia se repetirá en 2018.

La clausula gatillo permite  que los salarios no pierdan frente a la inflación, pero siempre con una actualización a período vencido, lo que en definitiva representa también una pérdida en el salario real y en el poder adquisitivo de los trabajadores, que otras vez vuelven a "poner".

Para los docentes  desde hace semanas que se baraja una oferta de entre el 10 y el 12 por ciento, que si bien aún no fue oficializada, sigue siendo la que circula en los papers del equipo de gobierno, aunque el titular de Suteba Roberto Baradel y su par de Udocba, Miguel Díaz, ya adelantaron que ni siquiera van a sentare a discutir con una cifra que esté por debajo de la inflación que contempla el presupuesto nacional.

De todas maneras el gobierno no comenzó el ajuste por el salario de los docentes sino con el recorte de cargos a través de la aplicación de 2 artículos del Estatuto Docente, que disponen el  cese de los provisionales y suplentes sin título habilitante al final el ciclo, lo que según los gremios representaría más de 7 mil trabajadores en la calle a partir del 28 de febrero.

De concretarse la medida y cumplirse el pronóstico de los dirigentes sindicales, el gobierno no lograría cubrir los cargos vacantes con docentes del listado oficial y nuevamente debería recurrir a los de emergencia, integrados por "idóneos" y estudiantes de carreras docentes que aún no han finalizado sus estudios, es decir que en el mejor de los casos la mayoría de los trabajadores cesantes podrían retornar a sus puestos o cederlos a otros en las mismas condiciones, pero en el medio, la provincia podría ahorrarse meses de sueldo de miles de maestros y profesores, no olvidemos que en esta perinola, al gobierno le toca el "toma todo".

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