Judiciales y Policiales
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Intentaron allanar las oficinas de Adrián Bastianes, quien denunció a funcionaria macrista por corrupción

Adrián Bastianes, abogado que denunció irregularidades en la ANMAC, causa que involucra a Natalia Gambaro, funcionaria macrista y amiga de Francisco De Narváez. (Fotomontaje: NOVA)

Este viernes por la tarde, intentaron allanaron las oficinas del abogado Adrián Bastianes en Capital Federal, quien es denunciante en una causa que complica al Gobierno de Mauricio Macri y que puso en el ojo de la tormenta a Natalia Gambaro, actual directora de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), perteneciente a un grupo de políticos con raíces denarvaistas.

Justamente en el ANMAC encontraron una millonaria caja política, que fue denunciada por Bastianes, en representación de los legítimos usuarios de armas. Tal como NOVA publicó, no es la primera vez que el letrado sufre presiones políticas en su afán por correrle el maquillaje a un Gobierno que prometió combatir las mafias.

A fines de agosto, un episodio violento y de tinte mafioso, volvió a sorprenderlo: un sujeto lo interceptó en la vía pública, le pegó una trompada en la cara y le advirtió que deje de investigar: “Tomá un regalito de Gambaro”.

Para defenderse, Bastianes devolvió la agresión con otro golpe de puño. Rápidamente, el desconocido escapó del lugar con un cómplice que lo esperaba en un vehículo. “Más allá de quién esté en el poder y cuál sea su bandera política, voy a denunciar todas las irregularidades y hechos de corrupción”, aseguró a este medio.

Tras el intento de allanamiento, el letrado se dirigió a la comisaría para ponerse a disposición de la Justicia, donde le facilitaron el número de expediente en el que figura que el Ejecutivo nacional inició una investigación en su contra por sus denuncias contra la funcionaria macrista. 

En relación a la investigación, semanas atrás, Gambaro le adjudicó a Dienst Consulting SA  el contrato para la prestación “del servicio de otorgamiento de certificados de acreditación de la condición psicofísica de solicitantes de credencial de legítimo usuario de armas de fuego”, lo que generó un importante revuelo por la escasa transparencia y el aumento descabellado de los montos.

A partir de esta contratación, cada trámite pasó de tener un costo de entre 600 y 800 pesos a 3.500 pesos (Credencial de Legitimo Usuarios vigencia 5 años) y 4.500 pesos (Autorización de Portación vigencia 1 año) en un país como la Argentina, que tiene un total aproximado de 700 mil Usuarios Legales de Armas con alrededor de 2 millones de armas declaradas.

Así, los certificados de aptitud psicofísica, que tienen una duración de 5 años, podrían convertirse en una caja política millonaria. A su vez, se configura un servicio monopólico que quedó en manos de Dienst Consulting SA, poniendo fin a un esquema que permitía a profesionales de todo el país, debidamente habilitados, emitir la certificación psicofísica.

En el año 2014, Dienst Consulting fue incluida por la AFIP en un listado de empresas que habrían utilizado facturas truchas por lo que pasó a formar parte de los registros de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires) a raíz de la falta de presentación de Declaraciones Juradas (DDJJ).

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