Corrupción en la era M

Funcionaria macrista envuelta en un escándalo por administración fraudulenta y asociación ilícita

Natalia Gambaro, directora de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac),junto a Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, funcionarios del gobierno bonaerense.

Natalia Gambaro, directora de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), y la empresa privada Dienst Consulting  SA están siendo investigadas por los jueces federales Sebastián Ramos y Claudio Bonadio, por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

Los magistrados ordenaron una serie de allanamientos en el marco de la causa por el sospechoso contrato que rubricó  la agencia gubernamental, el organismo que reemplazó al Registro Nacional de Armas (Renar),  con la misma empresa que tiene el manejo de las licencias médicas a docentes y auxiliares en la Provincia.

El pasado 31 de marzo Gambaro firmó la Resolución 0015/17, por la cual la licitación del servicio encargado de otorgar las acreditaciones de condición psicofísica a los solicitantes de credenciales para la portación legítima de armas de fuego fue ganada por la empresa Dienst Consulting SA.

Según publica el Diario Hoy en su edición de este viernes, durante el operativo se secuestró “información importante y valiosa que está siendo analizada”. Cabe recordar que la causa se inició luego de un informe publicado por dicho medio el pasado 27 de abril.

“Días después, el abogado Adrián Bastianes presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, que recayó en el Juzgado Federal a cargo de Ramos, mientras que la fiscal interviniente es Paloma Ochoa”, informaron desde el medio con sede en La Plata.

Cabe destacar que el permiso oficial para portar un arma tiene que actualizarse una vez cada cinco años y para lograr la tenencia legal los solicitantes deben obtener un certificado de aptitud psicofísica firmado por un psiquiatra matriculado. Ese trámite tenía un costo de 800 pesos pero, a partir de la adjudicación de este servicio a Dienst Consulting SA y la puesta en marcha del nuevo sistema, pasará a costar 3.500 pesos.

Héctor Abbas, un reconocido perito e instructor de tiro, quien aguarda que desde la Casa Rosada le respondan una serie de objeciones que presentó por escrito vinculadas a la polémica adjudicación, indicó al diario que dicha empresa “fue denunciada por la AFIP por facturas apócrifas y no tiene la infraestructura necesaria para brindar este servicio”.

Asimismo, aseguró que con el costo que tendrán los certificados, “van a volcar a muchos legítimos, que cumplen todos los requisitos, a la ilegalidad. Es algo nunca visto, están destruyendo el registro de armas de la Argentina”.

La firma, con sede en Bahía Blanca, tiene además un contrato anulado con la Dirección de Escuelas bonaerense que supera los 150 millones de pesos por año, por pretender que trabajadores de la educación que padecen graves patologías viajen más de 600 kilómetros para que se les audite su situación de salud.

Como si estos negocios fueran poco, Diario Hoy recordó que en noviembre 2016, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le adjudicó a Dienst Consulting un contrato por 35,6 millones de pesos anuales para ejercer el “control de licencias médicas, de exámenes de ingreso y la elaboración de informes socioambientales de la Policía Metropolitana”.

El 4 de mayo de 2017, la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Genoveva Ferrero, adjudicó a la misma firma un contrato por 26.832.000 pesos para la prestación de un servicio de guardia médica en el edificio ubicado en la calle Herrera nº 2.412.

Pese al avance de la causa penal, el Gobierno de Mauricio Macri sigue adelante con el nuevo sistema que favorece claramente a Dienst Consulting. Por ello, en el Boletín Oficial del pasado 9 de agosto, se publicó la resolución que reza: “Establézcase a partir del 15 de agosto de 2017 la entrada en vigencia del Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos”.

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