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Informe de NOVA

Hecha la ley, hecha la trampa a la hora de alquilar: la "inquilinización" de la Provincia

La Plata. Cerca de 700 mil propiedades son alquiladas en el territorio bonaerense, donde los inquilinos aparecen como el sector más vulnerable.

Por Luciana Rodríguez, especial para NOVA.

De 4.800.000 hogares de la provincia de Buenos Aires, cerca de 700 mil son alquilados, lo que representa un 14.5 por ciento del total, según datos del último Censo realizado en el año 2010. Ahora, si tenemos en cuenta que en la mayoría de los hogares viven un mínimo de dos personas, eso nos arroja 1.4 millones de ciudadanos viviendo como inquilinos.

Pese al incremento en la inversión y la construcción de viviendas, en los últimos diez años se edificaron 870 mil en toda la Provincia. Pero esa tendencia no se trasladó a una justa distribución, sino a  una concentración, aún mayor, de las propiedades en pocas manos. El resultado es un aumento del sector que no puede acceder a ellas y sólo puede limitarse a alquilar.

Laila Robledo, urbanista de la Fundación Metropolitana, denunció  que "hay una lógica en la distribución crecientemente injusta del espacio construido, lo que provoca que tengamos una ciudad injusta y una injusticia espacial", a lo que añadió que “el boom inmobiliario producto del crecimiento de la economía provocó que el precio del suelo aumentara a un ritmo inédito, que agravó la fragmentación territorial y dificultó aún más el acceso a una vivienda digna en suelo urbano con buenos servicios, infraestructura y ubicación".

Esto indica que el problema se ha ido agudizando en los últimos años, no resulta un dato menor comparar los resultados obtenidos en el censo de 2010 con el realizado en 2001: en tan sólo 10 años, el porcentaje de propietarios de inmuebles bajó del 79  al 75 por ciento, y el número de hogares en alquiler pasó de ser el 9,5 al 14,5 por ciento, dando lugar al fenómeno que se conoce como “la inquilinización de las ciudades”.

Se trata de un proceso donde el aumento en la construcción de la vivienda no se traslada a una justa distribución. Es así que un gran porcentaje de la población provincial tiene que alquilar su techo, quedando sometida a los intereses especulativos inmobiliarios y a los vaivenes del mercado.

Los abusos más comunes

“Si no te gusta, andate”, se titula el informe realizado por Marcos Quintulem y Victoria Althabe, en el que se detallan los abusos más frecuentes a los que son sometidos los inquilinos. Ambos autores son integrantes del Área Legal de la Asociación Platense de Inquilinos (API), una ONG nacida en el año 2011 que viene atendiendo los reclamos de los locatarios de manera gratuita y  acompañando cada uno de los casos.

Junto con la oficina de Río Grande, en Tierra del Fuego, conforman los dos únicos espacios municipales que se dedican a atender los problemas de los inquilinos. Quintulen explica el por qué de la asociación: “El trasfondo de la cuestión es el acceso a la vivienda digna, a partir de las irregularidades que se dan en la ciudad. Nosotros veíamos que hacía falta un espacio donde se reciban los reclamos y se pueda llegar a una  solución del conflicto, de una manera voluntaria y definitiva”.

La API ha visto incrementar exponencialmente el número de reclamos por parte de los inquilinos platenses: en sus comienzos recibió 70 denuncias, en su segundo año de vida 260 pedidos de asesoramiento, y en lo que va de su tercer año, ya están trabajando en algo más de 600 reclamos, entre ellos los más comunes son:

• La falta de arreglos y  las malas condiciones en la estructura de las viviendas.

• El cobro de expensas y los depósitos que se entregan al momento de alquilar y en muchos casos no son devueltos.

• Las exigencias por parte de las inmobiliarias a la hora de alquilar un inmueble: se le pide al locatario un salario que triplique el valor mensual del alquiler, así que por ejemplo si uno alquila por tres mil pesos, debe poseer un recibo de sueldo por doce mil.

• La falta de información sobre el dueño en los contratos (no aparece su firma, datos, ni dirección).

• Se obliga al locatario a pagar un seguro sobre un inmueble ajeno, contrariando el principio de que las cosas se pierden para su dueño.

• Se imponen aumentos cada seis meses, violando así la prohibición de la ley de emergencia económica N° 25561, de no indexar los montos.

• Se obliga por contrato a los inquilinos a realizar todo tipo de reparaciones sobre la vivienda y se rechaza por escrito la posibilidad de pedir reintegros por los gastos que realizó el inquilino.

Esa polémica ordenanza

“Nos metieron acá y nosotros no trabajamos con ellos. Provocan la confusión de todo el mundo”, explica el titular del Colegio de Martilleros de la ciudad de La Plata, Aníbal Fortuna, al referirse a la Asociación de Inquilinos Platenses, con quienes entró en una fuerte disputa luego de que el Concejo Deliberante platense sancionara en junio una ordenanza que multa a aquellas inmobiliarias que no publiquen los contratos de locación en sus páginas web y en sus oficinas;  que oscilará entre 55 y 2000 pesos.

La norma, que lleva el número 11.077, establece también que deben darse a conocer la  “tasa correspondiente al Impuesto de Sellos, el ‘timbrado’, el tipo de garantía que piden, el depósito requeridos (si es en efectivo o de un pagaré) y el monto de los honorarios profesionales”. A raíz de esto, desde el Colegio de Martilleros presentaron un veto en la Municipalidad, y en caso de no ser aprobado ya confirmaron que irán ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

“No nos pareció una medida que no  se pueda cumplir, pero no hay ninguna obligación de publicar el contrato”, sentencia Fortuna, quien también criticó la injerencia del municipio en una legislación que pertenece al ámbito provincial.

Por su parte, Quintulem celebra el fallo del Concejo y dice: “La ordenanza es muy  valorable porque controla la información que se da a la hora de alquilar, que nosotros creemos que es un avance y que se tendría que dar en toda la provincia. Es necesario al momento  de alquilar, que las reglas sean claras y que haya una debida información para los inquilinos”.

Ley, trampa

El pasado 9 de abril, los inquilinos platenses coparon las calles de la ciudad, nucleados en el grupo “Que bajen los alquileres en La Plata”, para lograr la  derogación del inciso 6 sección 2 del artículo 54 de la Ley provincial 10.973, que regula la actividad profesional de los Martilleros y corredores públicos.

La ley avala que los gastos administrativos puedan ser asumidos “por una de las partes”, siendo siempre el inquilino. Es decir, que las irregularidades que aparecen en los contratos de alquiler tienen que ver con los honorarios que cobra el Colegio de Martilleros a la hora de alquilar.

“Nosotros hemos recibido muchos casos en donde, si bien está establecido que es el 4 por ciento del total del contrato que puede cobrar un martillero como honorario, hay muchos casos en que se cobran entre 6 y 7 por ciento, que siempre lo termina solventando el inquilino”, añadió.

“Si bien está previsto en la ley de martilleros que puede ser pagado en mitades, siempre termina recayendo sobre la persona que va a alquilar una casa”, explica Quintulen. Pero Fortuna da su versión: “El inquilino puede pagar el 4 por ciento, y al propietario le cobró un 5 por ciento por la administración, incluso algunos le cobran un 10 porque es cobro asegurado; contratan una inmobiliaria, porque pague o no el inquilino, el tipo pasa por ventanilla el día 10 y cobra. No es que nosotros inventamos la pólvora, está escrito así dentro de la oferta y la demanda”, sentencia.

El Estado ausente

Aún existe un vacío legal en lo que respecta a la regulación de una relación más equitativa entre propietarios e inquilinos, lo que provoca que el derecho de acceso a una vivienda digna, expresado en el artículo 14 bis de la Carta Magna, sea completamente vulnerado. De esta manera, los sectores con menos recursos quedan rehenes del mercado especulativo de las propiedades en alquiler.

Actualmente, la diputada provincial Valeria Amendolara (FpV-PJ) presentó la creación de un registro de viviendas en locación que ayudaría al control y contribuiría a paliar la crisis habitacional que afronta la Provincia.

“El proyecto de ley tiene por objeto único la protección de la parte más débil de la relación contractual, esto es el inquilino, quien se ve en la mayoría de los casos sometido a un contrato de adhesión o falta de información, que en forma lesiva a sus derechos, le impone obligaciones desmedidas que terminan aniquilando su derecho de acceder a una vivienda digna”, explica la diputada.

Puntualmente, lo que se propone es la intervención del Estado creando el Organismo de Control de Viviendas en Locación, cuya función será la de crear el Registro Público de Contratos de Locación y proceder a la calificación de los inmuebles.

Quizás este sea el primer paso para empezar a garantizar los derechos de los miles de ciudadanos de la Provincia que no tienen otra opción que alquilar. Los locatarios, presos de la legislación vigente, cuentan con poco margen de maniobra para negociar un contrato de alquiler. Igualmente, el debate de fondo no es otro que el rol de la vivienda, es decir si es un bien social o un bien especulativo.

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