Tras el escándalo en DDHH

Preocupaciones financieras y tironeos por una funcionaria

Sara Derotier de Cobacho sería reemplazada en marzo.

La reunión, reservada, fue a principios de la semana que pasó. Allí, ante un minúsculo grupo de colaboradores, el gobernador Daniel Scioli transmitió la preocupación: no habría escuchado la respuesta que esperaba en el diálogo que, contó a sus interlocutores, mantuvo con un alto funcionario nacional.

 

Una vez más, las finanzas de la Provincia fueron motivo de aquel contacto. Una preocupación que va en aumento en vísperas de una negociación salarial con docentes y trabajadores estatales que está atada a la paritaria que la Nación lleva adelante en paralelo con los maestros nacionales.

 

Según publicó el sitio Terra.com, el déficit estructural bonaerense hace ineludible el auxilio del gobierno nacional para completar el pago de sueldos. Los giros que llegan mes a mes desde el gobierno central, han permitido completar el cronograma sin mayores sobresaltos. Se trata de una dependencia que, por ejemplo, le impide a la gestión de Scioli apartarse demasiado del porcentaje de aumento salarial que se pacte en Nación y que podría terminar rondando entre el 20 y el 23 por ciento.

 

Pero aún con aquellas noticias poco alentadoras, en el Ejecutivo provincial están convencidos de que la sangre no llegará al río, que las acciones que el kirchnerismo despliega en distintos frentes para esmerilar a Scioli no traspasarán el límite de dejar expuesta a la gestión provincial a un escenario de crisis con final incierto.

 

El gobernador es mirado por la Casa Rosada con el recelo que se le dispensa a un aliado poco fiable, aún cuando -ciertos gestos de independencia mediante- ha optado por mantenerse bajo la órbita oficial. El recambio presidencial de 2015 surge lejano e inasible pero es, en definitiva, el motivo básico del proceso de desgaste que el kirchnerismo inició anticipadamente en procura de reducir las chances del mandatario bonaerense.

 

 

Un cambio en veremos

 

La arremetida contra la secretaria de Derechos Humanos, Sara Dorotier de Cobacho, parece formar parte de las embestidas de sectores ultrakirchneristas contra el gobernador. La funcionaria es blanco de un rosario de críticas nacidas bajo el firmamento K.

 

La más dura es que, por acción u omisión en lo que hace al control de la situación de los detenidos en las cárceles, termina siendo funcional a las políticas del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, siempre bajo la mirada crítica y escrutadora de funcionarios nacionales.

 

Cobacho, una histórica militante peronista con dos hijos desaparecidos y que además sufrió torturas durante la dictadura, afronta serios problemas de salud. Por eso Scioli, al inicio de su segunda gestión, analizó reemplazarla, aunque finalmente optó por darle continuidad.

 

Pero aquella ofensiva K, sumada a los violentos episodios denunciados por empleados de la Secretaría que afirman haber sido agredidos por patovicas contratados en ese organismo, habrían decidido al mandatario a promover el recambio.

 

"No podemos tener dos frentes abiertos al mismo tiempo con la Rosada", confesó en los últimos días un alto funcionario bonaerense para blanquear que la salida de Cobacho era cuestión de días. Marzo era el mes elegido, apenas pasada la espuma de la polémica, para producir el reemplazo. Fiel al manual de estilo de la política, Scioli no iba a entregar a un colaborador en medio de la balacera.

 

Pero algo cambió en las últimas horas: un grupo de intendentes peronistas salió en respaldo de la funcionaria. Y no sólo eso: por estas horas se gestiona -todavía es una incógnita con qué resultado- un pronunciamiento orgánico de la Federación de Municipios para apuntalar a Cobacho.

 

El conato de rebelión es por demás llamativo más allá del sincero gesto de apoyo que signifique. Por algunos alcaldes que firmaron el documento de respaldo a la secretaria de Derechos Humanos, el pronunciamiento quizá apunte a saldar viejas cuitas con dirigentes kirchneristas que les fogonearon listas opositoras en sus distritos en los comicios de octubre.

 

El súbito respaldo político a Cobacho -que en rigor recoge simpatías entre varios líderes del Conurbano-, puede que haya hecho meditar a Scioli sobre su decisión. Tanto como la inoportuna confesión de uno de los posibles candidatos a suceder a la funcionaria que reveló públicamente que altos miembros del Ejecutivo bonaerense le ofrecieron el cargo.

 

En un escenario con final abierto, por ahora la secretaria de Derechos Humanos sigue, tanto como la ofensiva K para apartarla.

 

 

Esquema propio

 

Pero el kirchnerismo no está dispuesto a bajar la tensión ni a dejar de marcarle la cancha a Scioli. Existe entre los sectores más afines a la Casa Rosada un principio de acuerdo para avanzar desde la Legislatura con una serie de proyectos que, en su aspecto medular, le apunta a limitar severamente el poder de la Policía.

 

Con la venia de Mariotto, legisladores K avanzarán en una reforma policial mucho más aguda de la que proponen Scioli y Casal. El tema se charló hace unos días en un encuentro en el que el vicegobernador, referentes de La Cámpora y el sabbatellismo, acordaron redoblar la apuesta para instaurar un sistema de Policía Municipal alternativo al que plantea el gobernador.

 

En rigor, la diferencia es de fondo: se busca directamente transferir a los municipios de más de 90.000 habitantes el control total de las fuerzas de seguridad. Los intendentes serían así los nuevos jefes policiales en sus distritos y la Provincia sólo conservaría en esos casos el manejo de las fuerzas especiales como Infantería o el Grupo Halcón.

 

Scioli no pretendería avanzar tanto: plantea una descentralización policial en la que se otorga mayor poder de decisión a los alcaldes, pero rechaza transferir la responsabilidad de jefatura que reserva para el ministerio de Justicia y Seguridad.

 

Para el universo K, la pulseada por esta iniciativa es apenas una de las patas de un proyecto mucho más ambicioso: dividir los mandos policiales y, de paso, restarle poder a la tradicional conducción cupular de la fuerza. Por eso, aún con algunos retoques, tendría asegurado su paso por la Legislatura la creación de la Policía Judicial, un esquema por el cual los uniformados serán apartados del proceso de investigación de delitos.

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