Por Pablo Docimo (*), especial para Agencia NOVA.

Cuando existía la tristemente célebre "cortina de hierro", creada por el régimen comunista soviético, la denominación de Alemania Oriental era "República Democrática Alemana".

Es realmente difícil tratar de entender cómo se puede llamar democrática una Nación donde estaban prohibidas, entre otras cosas, la libre entrada y salida a otros países, las elecciones libres, la existencia de partidos políticos y, fundamentalmente, las libertades de expresión y prensa.

Cuando leemos, vemos o escuchamos lo que sea, encontramos, en primer lugar, lo que se pretende que los demás entiendan. Luego, lo que ello significa en teoría; y, por último, lo que realmente es.

Con el proyecto de "Servicios de Comunicación Audiovisual" que promueve el Poder Ejecutivo pasa algo muy similar con la denominación de la Alemania comunista como una "república democrática". Una cosa es lo que el Gobierno quiere hacer creer a la opinión pública en general, otra es lo que este proyecto dice en teoría y, por último, lo que es realmente —que es, en definitiva, lo verdaderamente importante—, las intenciones e intereses personales que motivan a Néstor Kirchner a reformar la actual Ley de Radiodifusión.

¿Cuáles son, entonces, las razones por las que, repentinamente, luego de más de seis años de gobierno kirchnerista, se impulsa a través del proyecto presentado por el Gobierno la imperiosa y urgente necesidad de modificar la Ley?

Es simple, muy simple. En primer lugar, Kirchner pretende, mediante la nueva Ley, desmembrar al multimediático —intencional y maliciosamente llamado "monopolio"— Grupo Clarín.

El segundo motivo es el de controlar, mediante la nueva Ley, a absolutamente todos los medios, no sólo con la renovación de licencias cada dos años, también con la creación de un organismo que, supuestamente, "regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, que será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes que serán mayoría del Poder Ejecutivo Nacional", entre otros puntos, además del manejo discrecional de la pauta oficial como viene sucediendo hasta ahora.

Por último, y no por eso menos importante, con el reparto del espectro que contempla un 33 por ciento para entidades privadas y comerciales, un 33 por ciento para entidades estatales y un 33 para ONG`s, a lo que se aspira es, no sólo repartir el 66 por ciento que correspondería al Estado y a las ONG`s a los amigos del poder, sino además, insertar a amigos del gobierno de turno —en este caso el kirchnerismo— dentro de esos medios, condicionándolos a una inevitable censura, como hoy ocurre tanto en Canal 7, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.

¿Cómo argumentamos estas aseveraciones? Veamos:

No es ninguna novedad que Kirchner está enfrentado al Grupo Clarín a partir de que este se rehusó al pedido expreso de NK de que tanto el diario como los canales 13 y TN se inclinen editorialmente en contra del sector agropecuario durante el conflicto con el campo. Pero este no es el único caso: es archiconocida la mala relación del kirchnerismo con la prensa, ya desde su gobierno en Santa Cruz. Por lo tanto, el Grupo Clarín no es el único enemigo de Kirchner; lo son todos, absolutamente todos los medios y/o periodistas que osen criticarlo.

Tampoco es ninguna novedad que Kirchner pretende controlar todo lo que pueda, y para ello, no repara ni en gastos, medidas o consecuencias.

Para Néstor, es fundamental controlar, así sea a través de la extorsión, la mayor cantidad de entes posibles, desde el INDEC hasta las empresas de servicios públicos, pasando por el Consejo de la Magistratura o, como pudimos apreciar, el fútbol.

Por supuesto no podemos olvidar la extorsión a intendentes y gobernadores a través del envío de fondos, un clásico de la metodología kirchnerista.

Tampoco cabe ninguna duda de que repartirá los medios a sus amigos. No tenemos más que ver el interesante ascenso social y económico de su ex chofer, Rudy Ulloa Igor, quien hoy es el dueño del multimedio más importante de la provincia de Santa Cruz.

En este sentido, un dato no menor es que tanto Juan Manuel Abal Medina como la ministra de Defensa, Nilda Garré, tienen intereses en la empresa de telefonía celular CTI, además de ser amigos personales de Carlos Slim, el dueño mexicano de CTI.

Curiosamente, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo beneficiaría a las empresas telefónicas, las cuales se quedarían con los medios digitales.

Si realmente Néstor Kirchner quiere realizar un verdadero debate sobre los medios y todo lo que a ello concierne, ¿por qué estatizó el fútbol por decreto?

¿Por qué decretó la contratación de la televisión digital japonesa, o la creación de un multimedio estatal sin pasar por el Congreso? ¿Por qué no se habla de la regulación de la pauta oficial? Y lo más llamativo, ¿por qué el apuro de debatir el proyecto ahora, y no después de que asuman los legisladores electos el 28 de junio?

En definitiva, más allá de que sea realmente necesario cambiar la Ley de Radiodifusión, es evidente que de ninguna manera Néstor Kirchner pretende hacerlo por convicción, lo quiere hacer sólo por conveniencia, como le convino, en su momento, cuando entendía que los medios lo beneficiaban, la renovación automática de todas las licencias o, simplemente, permitir la fusión de Cablevisión y Multicanal, pertenecientes al Grupo Clarín, hoy su principal enemigo.

(*) Locutor nacional, periodista.