CAPITAL FEDERAL, Abril 02 (Por Pedro Noel Romero, especial para Agencia NOVA) Luciano Miguens, Eduardo Buzzi, Mario Llambías y Eduardo Gioino, los cuatro dirigentes que representan a la Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO respectivamente pusieron fin este miércoles 2 de abril, en Gualeguaychú, a un lock out patronal agropecuario que no tiene precedentes en la Argentina.

Las cúpulas de las entidades del campo resolvió, también, seguir en estado de alerta, movilización y negociación.

La falta de tacto y diálogo del Gobierno nacional, así lo reconoció el Gobernador de Chubut Mario Das Neves al criticar con severidad la muy mala comunicación de una medida desde sus comienzos, provocó que una simple resolución, una suba en las retenciones a las exportaciones de la soja y el girasol que sólo representaba una recaudación para el Estado de entre los 1.500 y los 2.000 millones de dólares,  fuera capaz de disparar un conflicto que llevó al país al desabastecimiento casi total en cada uno de los rincones de la Argentina.

Hubo de por medio, en los últimos 10 días, cuatro encendidos  discursos de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y mil expresiones de la dirigencia del campo que permitieron a los argentinos conocer una realidad que hasta que estalló el conflicto siempre permaneció semioculta y de la cual el Poder Ejecutivo y los productores exhibían realidades parciales.

Pero ya están echadas sobre la mesa todas las cartas, el juego, las intenciones y las propuestas de ambos contendientes en esta puja que levantó polvareda y nos retrotrajo a otras etapas de la historia argentina en las que una medida como la adoptada por la dirigencia del campo en estos últimos 21 días –una locura, un estado de desequilibrio inexplicable de parte de Miguens, Buzzi, Gioino y Llambías- hubiera desembocado en una crisis institucional con consecuencias letales para la República.

Pero los tiempos han cambiado, hay un sistema democrático que ya no resiste este tipo de presiones y ya no había más margen para mantener el lock out patronal agropecuario porque ni siquiera el argumento archiremanido de “las bases superan a las cúpulas” podía prevalecer por sobre el malhumor de la sociedad argentina que asistió a los cortes de ruta promovido por hombres del campo como Luciano Miguens que en el acto inaugural de la Exposición Rural del 2004 pidió a gritos al Gobierno de Néstor Kirchner para que se corriera de las calles del ámbito metropolitano a los piqueteros desocupados o poseedores de planes sociales disconformes porque vulneraban derechos de terceros con esos métodos de protesta.

Pero más triste, doloroso y repudiable fueron las imágenes de la leche, frutas y verduras y granos esparcidos al costado de las rutas en distintos puntos del país en un lapso de la historia de una Argentina en la que aún existen 13 millones de pobres de los cuales 3 millones son indigentes para poner en riesgo el abastecimiento de toda la población pero sobre todo a los hospitales y comedores escolares y comunitarios.

Insistimos en remarcar el poco sustento que tuvo la excusa inicial y nudo central del conflicto: una suba en las retenciones a las exportaciones de la soja y el girasol que sólo representaba una recaudación para el Estado de entre los 1.500 y los 2.000 millones de dólares,  pero que, por tratarse de retenciones móviles y considerándose la baja sustancial que afectó al precio de la soja en los últimos días en el mundo, no implicaba que se cumpliera el objetivo y las expectativas recaudatorias del Estado.

La dirigencia agropecuaria ni siquiera reparó en este detalle demasiado importante a juzgar por lo que estaba en juego: El mayor nivel de desabastecimiento que se le haya asestado al país en toda su historia.

Mucho menos entendible fue el argumento de la voracidad recaudatoria fiscal si nos detenemos con seriedad a reflexionar y pensar en que esos 1.500 a 2.000 millones de dólares representan una cifra ínfima en el contexto de la macroeconomía, los niveles de exportación o hasta en cuanto a su incidencia presupuestaria. No existe.

El costado positivo de la puja Gobierno-campo fue el hecho significativo que implica que hoy cada uno de los argentinos, tras los discursos de ambas partes tengamos un conocimiento cabal de los niveles de rentabilidad con que cuenta el sector en pugna con el Estado; como también permitió alcanzar a dimensionar, insistimos, el grado superlativo de la crisis que se puede llegar a desatar cuando existe la falta de diálogo y una falla en la comunicación de una medida, por ejemplo, aquella del 11 de marzo que originó este incendio.

Pero si desde el Gobierno hubo fallas a la hora de comunicar aquella medida del 11 de marzo, en la dirigencia agropecuaria hubo la inflexibilidad y tozudez de responderle al Ejecutivo con la misma moneda porque hubo mensajes inequívocos de rechazo de cualquier instancia de diálogo por parte de los responsables la FAA, CRA, CONINAGRO y la Sociedad Rural más allá del doble mensaje que emitían a los medios periodísticos.

Para muestra basta un botón: Así sucedió el martes de la semana pasada cuando durante toda la jornada Eduardo Buzzi remarcaba ante cuanta cámara televisiva y grabador asomara que la dirigencia del campo estaba expectante del discurso de la Presidenta (que iba a hablar al país a las 18) y, como contrapartida, dos horas antes se despacharon anunciando un paro por tiempo indeterminado para figurar “la pistola en la cabeza” a la que hizo referencia la jefa de Estado en su intervención con ese mensaje de tono virulento que desató la ira de los habitantes de la zona norte de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos del resto del país.

Hoy los argentinos conocemos de los peligros que conlleva la sojización de los campos; la realidad de los pequeños productores agropecuarios que hacen patria asfixiados y olvidados en vastos sectores marginales del país y a los que en 1991 –comienzos de la convertibilidad- le birlaron un beneficio que les fue devuelto con las negociaciones de estas tres últimas semanas: La compensación que les permite afrontar la mitad del costo por flete cuando deben trasladar sus productos a más de 500 kilómetros de distancia.

En suma, el Gobierno adoptó seis medidas que fueron explicadas el último lunes por el ministro de Economía Martín Lousteau: El reintegro automático de retenciones para pequeños productores para que no pierdan rentabilidad y compensaciones de hasta 50 por ciento en los fletes con la aclaración de que con el reintegro automático de las retenciones, los pequeños productores mantendrán la rentabilidad que tenían antes del 11 de marzo cuando se dictó la suba en los derechos de exportación a la soja y el girasol.

La implementación de un sistema de costo diferencial del flete para los productores del NOA y NEA, con una compensación de hasta 50 por ciento para equilibrar los mayores costos por la distancia que deben recorrer; la puesta en marcha, a través del Banco Nación, de créditos blandos a cinco años, con tasas fijas del 6 por ciento para aquellos productores que agreguen valor y la apertura desde el último martes, del registro de exportaciones de trigo; la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y el otorgamiento de incentivos a la producción láctea.

Todos estos anuncios pudieron haberse efectuados antes si el Gobierno hubiera dialogado con los productores para evitar el incendio que terminará de apagarse cuando vuelva el abastecimiento pleno que no se registró por este paro desmedido e inexplicable desde la base de aquel argumento inicial de suba en las retenciones del girasol y la soja que hoy está en picada con una baja de precios muy pronunciada.

Comienza una tregua. CARBAP, el sector más extremista e ideológicamente opuesto al Gobierno, había propuesto una impasse de   30 días que fue aceptado por todos este miércoles en Gualeguaychú.

Fin del lock ou patronal agropecuario. Porque ya es hora de negociar y protestar sin acudir a métodos que si los emplean los desocupados y piqueteros reciben el rechazo de la opinión pública y de hombres como Luciano Miguens pero si los emplean la clase media y clase media alta junto con la gente del campo, se los aprueba o “hace la vista gorda”.

Ya es hora de volver a abastecer al país y es tiempo de diálogo. Y de que el Gobierno nacional cumpla con ese compromiso que asumió de trabajar por una redistribución del ingreso al que se refirió de manera recurrente la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Porque a ese universo de 10 millones de pobres y 3 millones de indigentes no les llegan los beneficios de las retenciones, tributos y acumulación de recursos para un Estado de la opulencia muy a pesar de que hasta los pobres y desocupados pagan el 21 por ciento de IVA cuando van a comprar el sustento indispensable para vivir. (Agencia NOVA).