CAPITAL FEDERAL, Octubre 18 (Por Karina Gutiérres, de la redacción de Agencia NOVA) En los últimos años en algunos países de América Latina se viene dando un proceso de ofensiva del proyecto expansionista de Estados Unidos

En ese contexto, Colombia es reconocido como un país sacudido por la violencia, sede de algunos de los más importantes carteles del tráfico de drogas en el mundo, lo que significa una alta tasa de criminalidad, que alcanza a todos los niveles de la sociedad.  Pero también es el escenario de una sangrienta lucha armada que lleva décadas.

Mientras Todavía el proyecto capitalista se está llevando adelante en ese país, cuando se está cuestionando en otros estados latinoamericanos como el caso de Venezuela Cuba, Argentina y Bolivia.

Pero también es cierto que el presidente Alvaro Uribe, si bien se muestra como el mejor alumno del presidente norteamericano George W. Bush, tiene excelentes relaciones comerciales con el venezolano Hugo Chávez –quien lo ha calificado de “amigo” y con el ecuatoriano Rafael Correa.

“En Colombia se están llevando a cabo las políticas más duras expresadas en el gobierno de Uribe, y contra ella las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se presentan como órgano de resistencia al sistema, si bien hay otros tantos grupos, este sector la fuerza más importante”, señaló a Agencia NOVA el docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), Daniel Pérez.

Esta organización tiene un origen más antiguo en las guerrillas campesinas que se formaron con la guerra civil que sacudió a Colombia en la década de los años 40. Lo que fue originalmente un grupo de campesinos se ha convertido en una organización de más de 12 mil combatientes en 70 frentes de guerra a través de todo el país.

Este grupo es dirigido por un secretariado de siete miembros bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tirofijo.    Se trata una organización guerrillera de visión marxista-leninista y bolivariana,  considerada como una organización terrorista por el gobierno Colombiano, por el Consejo de la Unión Europea, por los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Canadá.

“No hay otra experiencia en América Latina de guerrilla -con excepción de la fuerza de las FARC, que todavía están en pie- porque todas fueron articuladas o vencidas en el terreno político”, señaló Pérez..

En comunicados a la opinión publica las FARC afirman que su objetivo es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano, lo que es desestimado por el gobierno y también por gran parte del pueblo colombiano, ya que muchos sectores populares han sufrido del accionar violento de esta agrupación armada, vinculada al narcotráfico, al igual que grupos paramilitares o sectores del Estado nacional.

Asimismo, Pérez aclaró que “en Colombia hay una ofensiva ultracapitalista, que en una población con una enorme cantidad de campesinado, generó los intereses del imperialismo estadounidense, quiso hacer hincapié en el mercado de la coca. Porque la cocaína genera un interés económico muy particular, se la liga con el narcotráfico”.

Además de los ingresos que obtiene la FARC con la comercialización de cocaína, también entre sus actividades se encuentra el secuestro a empresarios, políticos y terratenientes, quienes en algunas oportunidades son liberados a cambio de dinero. Pero la mayoría, son retenidos para negociar con el poder político la liberación por canje de otros líderes guerrilleros.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en el año 2002, cuando se acercó a los líderes guerrilleros para dialogar. Desde ese momento, apareció en diferentes videos pero no ha sido liberada.

Otros cientos de políticos y empresarios aún se encuentran secuestrados y hasta algunos llevan más de 7 años en cautiverio sin que el Gobierno pueda lograr su liberación.

Las políticas llevadas a cabo por el movimiento guerrillero, pone de manifiesto que el gobierno colombiano convive con la guerrilla en lazos de negociación y asume el poder que ella tiene al no erradicarla.

En ese sentido, el docente de la UNLP, señalo que “tanto el gobierno de Uribe como el de Estados Unido no puede ni quiere desarticular la guerrilla porque tienen intereses políticos, económicos y sociales con respecto a las ganancias que genera el narcotráfico”.

Recuerdos de aquel mundo

La situación social que se vive en Colombia resulta desesperante para miles de familias, que conviven con el temor de nuevos atentados por parte de los insurgentes.

El país tiene un alto nivel de  pobreza –el 44 por ciento- y los campesinos tienden a trabajar en las cosechas de coca cobrando miserias y en constante peligro de vida.

Algunas familias tuvieron la oportunidad de erradicarse en otros países, en búsqueda de estabilidad política. Tal es el caso de Romina Andrada, una joven colombiana que llegó a Argentina dos años atrás.

“En Colombia hay un nivel de pobreza muy grande, incluso los que cultivan la coca ganan miserias, los campesinos pobres no son los narcotraficantes ni mucho menos, en esos sectores es donde se asienta la guerrilla”, consideró la joven a Agencia NOVA.

“La situación allá es cada vez más difícil, la gente vive con miedo. Uribe utiliza políticas de negociación con las guerrillas y éstas se niegan a ceder en los atentados”, manifestó Andrada.

Además, la colombiana señaló que “la lucha con el narcotráfico esta parada, porque Colombia tiene las plantaciones más importantes de cocaína en el mundo y si esas ganancias fuesen destinadas a los más pobres, viviríamos otra realidad”.

Con respecto a los ciudadanos que quedaron allá, la joven señaló que “los colombianos, son gente decente, trabajadores honestos, que quieren a su país y sus costumbres, que simplemente desean un ambiente de paz para poder trabajar. La inmensa mayoría cree que las diferencias políticas se pueden resolver por la vía de la discusión política y de las reformas democráticas”.

Por su parte, el sociólogo Juan Sbatella señaló a Agencia NOVA que “la injusticia social se resuelve mucho mejor sin armas, sin muertes, sin secuestros, sin grupos armados; con trabajo duro, con empresas justas y solidarias, con libertad económica. Pero se han dejado imbuir de una cultura equivocada de tolerancia con el delito y han perdido el control de su país en manos de poderosas organizaciones criminales”

En ese sentido, Sbatella consideró que “los grupos guerrilleros se apoderan de regiones e imponen las reglas de juego, por lo tanto su poder se fragmenta, hay una descentralización del poder, con relación al bloque principal”.

“Hay sectores del país donde los paramilitares se consolidan como grupos de autodefensas para algunas regiones y adquieren cierta representatividad militar no política, debido a que ellos no persiguen ningunos ideales políticos, si no que son producto de esa toma del poder por medio de las armas por parte de los grupos guerrilleros”. 

Por último, Sbatella manifestó que “la guerrilla esta fragmentada, pero la fragmentación lo lleva a consolidarse en territorios donde el Estado nunca ha hecho presencia, y donde las instituciones y los partidos políticos juegan con sus necesidades para explotarlos y utilizarlos como potencial electoral”. (Agencia NOVA)