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A 32 años del último golpe militar
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  

Por Silvina Corral (*), especial para Agencia NOVA.

 

 

Estos sucesos nos convocan a reflexionar sobre los valores en los cuales se asienta la democracia y nos da el lugar para ser uno más en la construcción de la memoria colectiva de la sociedad que, a pesar del dolor, nos permite una proyección de futuro.

 

 

 

 

30 años después del golpe militar de 1976, el Parlamento argentino trató un proyecto de ley enviado por la Presidencia de la Nación, para convertir la fecha del 24 de marzo en un feriado nacional inamovible en el calendario. El acalorado debate parlamentario aconteció el 15 de marzo de 2006; primero entre los senadores y luego por la noche de ese mismo día, entre los diputados.

 

 

Los hechos que marcaron la época

 

El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar integrada por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti se hizo cargo del poder en la Argentina. Como consecuencia del golpe de Estado, la dictadura militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983.

 

La Junta llegó al poder con la justificación de terminar con “los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista y el ERP”.

 

El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con la subversión y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.

 

El Proceso estuvo encabezado por cuatro juntas militares sucesivas:

 

  • 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.

 

  • 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna.

 

  • 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Issac Anaya.

 

  • 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Jorge Hughes.

 

 

En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército.

 

El proceso concentró un poder mayor que cualquier otro gobierno del siglo. Como todo golpe disolvió el Congreso Nacional. La Junta Militar tomó las funciones legislativa, ejecutiva y judicial; estableció la pena de muerte a los condenados por actividades subversivas, la suspensión del Derecho de Huelga, suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución de los Partidos Políticos, la anulación de la libertad de prensa y expresión, intervención de los sindicatos obreros y las Universidades, la legislación por decreto y el reemplazo de la Corte Suprema de Justicia. También intervino el gobierno de las provincias, territorios nacionales y organismos públicos a nivel nacional, provincial y municipal.

 

El número de desaparecidos se estima en 30 mil. Un grupo de madres cuyos hijos habían desaparecido se movilizaron y se las llamó “Madres de Plaza de Mayo”; justamente porque ante la orden de “circular” de parte de los militares recorrían con sus pasos una y otra vez la histórica Plaza de Mayo en círculos. Fueron ellas quienes difundieron las características de la represión en todo el mundo, buscando apoyo internacional y encontrándolo en asociaciones civiles y en la prensa extranjera. Además, entre los desaparecidos se encuentra un número de niños -que se estima entre 250 y 500- los cuales fueron adoptados ilegalmente, luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención.

 

Para encontrar esos niños –hoy adolescentes- nació la organización denominada “Abuelas de Plaza de Mayo” que se dedica a localizarlos, y hasta ahora ha encontrado a 85 nietos secuestrados por la dictadura.

 

Los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura militar de 1976-1983 se encontraban en: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garaje Olimpo, entre los más conocidos en la Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla. En la Provincia de Córdoba: Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y en Corrientes: Santa Catalina.

 

 

 

Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –CoNaDeP- y toda la investigación volcada en el libro “Nunca Más”. Por estos crímenes, las tres juntas militares que gobernaron entre 1976-1983 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en la Argentina como en otros países.

 

 

La economía en caída libre

 

Este plan del proceso de Reorganización Nacional también se trasladó a la economía del país. José Alfredo Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía,  hasta el 29 de marzo de 1981 fue su mentor. El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15%.

 

Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó a fines de 1978 un sistema de devaluación programada, apodado “la tablita”. Junto con la ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio el año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida.

 

La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos.

 

El coste de estas medidas, que ocasionaros el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos –que debió asumir el Estado- fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un modelo de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultaron impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.

 

El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa se elevó de: 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al fin de 1983.

 

 

Los conflictos internacionales

 

Canal de Beagle

 

 

En 1971 los presidentes Salvador Allende, de Chile, y Alejandro Lanusse, de Argentina, habían acordado someter el diferendo por las islas al sur del Canal Beagle formalmente al Reino Unido, pero en su contenido a un tribunal arbitral compuesto por jueces elegidos por consenso por ambos gobiernos, todo esto en el marco del derecho internacional y los tratados vigentes. El 22 de mayo de 1977 se dio  a conocer e Londres, el laudo Arbitral de 1977 que otorgó a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox junto a las islas adyacentes. Argentina obtiene la mitad norte del canal y las islas correspondientes. La junta militar argentina declaró la sentencia “insubsanablemente nula” e inició la planificación de una guerra contra Chile para revertir el Laudo Arbitral.

 

Los comandantes de las fuerzas armadas argentinas pusieron en marcha la Operación Soberanía la noche del 21 y 22 de diciembre de 1978, que fue abortada horas después cuando la junta aceptó la mediación papal en el conflicto.

 

 

Las Malvinas

 

Durante el Proceso de Reorganización Nacional, el 2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del presidente Leopoldo Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, cuya soberanía es motivo de diferendos con Gran Bretaña desde el siglo XIX; dando así comienzo a la Guerra de las Malvinas.

 

La guerra finaliza el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final fue la reocupación de las Malvinas por el Reino unido y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En la Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la Junta militar que gobernaba el país y la asunción del general Reynaldo Bignone, quien iniciará un proceso de restauración del sistema democrático.

 

Actualmente, la Nación Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (Constitución Nacional: Disposiciones Transitorias, Primera: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”).

 

 

El retorno a la democracia

 

Las protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas jaqueó al autodenominado Proceso, el que cayó finalmente en 1983, viéndose obligado a llamar a elecciones, Bignone, el último líder de la Junta Militar. El 10 de octubre Raúl Alfonsín vence con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.

 

Apenas asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983-1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos entre 1976-1983. Su investigación, plasmada en el libro “Nunca Más” fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.

 

El gobierno de Alfonsín ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad. Se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes.

 

Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la república desde 1922. (Tribunales comunes para ciudadanos comunes)

 

Este fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyeran en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.

 

 

Obediencia Debida, Punto Final e Indultos

 

Sin embargo, cediendo a presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediciencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes de la llamada Guerra Sucia. (O sea no alcanzaba a los que habrían impartido la orden por cumplimiento del deber impartido de un superior)

 

En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del proceso. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra los miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia por desaparecidos de esos países. En el 2004, el Tribunal de Nüremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Videla y Emilio Massera.

 

 

En 1990 el presidente Carlos Menem concedería el Indulto a los líderes militares, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua, no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres.

 

El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (No 23.492) y Obediencia Debida (No 23.521), que posteriormente, el 2 de setiembre de 2003, fueron declaradas “insanablemente nulas” (artículo 1º ) mediante la Ley 25.779. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de 1990.

 

 

Política de Derechos Humanos de Néstor Kirchner

 

En 2003, tras iniciativas del presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por “crímenes de lesa humanidad” que habían cometido los militares durante la última dictadura.

 

El entonces presidente Néstor Kirchner dejó planteado ante la 62º Asamblea General de las Naciones Unidas que “el mundo no puede ni debe ser un escenario para la violación global de los Derechos Humanos. La paz y la convivencia que construyen y preservan entendiendo el verdadero concepto de solidaridad entre naciones desde una concepción humana más amplia que lo puramente o lo predominantemente unilateral”

 

“Nuestra política exterior, se inspira en los valores de la democracia representativa con soberanía popular, respeto a los derechos humanos fundamentales y la defensa activa de la paz y la seguridad internacional”

 

“El Estado argentino, en sus tres poderes, vienen tomando decisiones en contra de la impunidad, preservando la memoria, la verdad, la justicia y han comenzado las condenas a los culpables de las graves violaciones a los derechos humanos”.

 

Sin embargo, quienes pensaban que todo esto había terminado y en el marco de una atemorización permanente de testigos se produce la desaparición en democracia de Jorge Julio López, enviando con ello una oscura señal a la sociedad interesada en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad que cometieron.

 

 

Declaracion de feriado nacional inamovible

 

El proyecto de ley instaurando el 24 de marzo como feriado inamovible se votó afirmativamente –primero- en la Cámara alta con 34 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones. Por la noche, Diputados hizo un periplo similar y minutos después la propuesta obtuvo 123 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.

 

El proyecto encontró la resistencia de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que “feriado” es sinónimo de “festivo” y que al golpe “hay que recordarlo con dolor, reflexión y lucha”. El tema –entre los mismos organismos- produjo mucho debate.

 

A la propuesta se opusieron la UCR, los socialistas y otras bancadas menores; el ARI se abstuvo y algunos senadores, estaban en contra, pero no bajaron para votar en el Senado.

 

El oficialismo explicó que no sería un día “festivo” porque el proyecto lo coloca como no movible en el calendario. Es decir, no se puede convertir en fin de semana largo, como sucede con las demás fechas. Hasta ese momento nadie había hecho mención a la inmovilidad o no del feriado y la explicación dio sus frutos. De inmediato, apareció el fuerte apoyo de varios organismos, como el sector de Madres de Plaza de Mayo y la retractación de la Línea Fundadora que al principio se oponía.

 

Pero algunos opositores incluyeron otros argumentos. Rodolfo Terragno (radical independiente). Recordó que fue Jorge Videla el que primero hizo un decreto- ley para establecer los “feriados nacionales” y que este Gobierno agrega otro feriado “con igual displicencia”, lo que motivo una dura respuesta de Cristina Fernández de Kirchner.

 

Terragno dijo “que debería festejarse la caída, no el ascenso de quienes mancillaron los derechos humanos” y recordó que “los franceses el 10 de mayo, fecha en que fueron invadidos, sino el 8 de mayo el día de su liberación”

 

Cristina Fernández replicó que “utilizar un artilugio semántico (por la cercanía del vocablo “feriado” con “festejo”) para no estar de acuerdo es una oposición poco valiente”.

 

Después en Diputados, la polémica se desató cuando el ARI propuso que, si el oficialismo quiere demostrar voluntad política en este tema, también se votara la derogación de los indultos que dictó Menem; más los votos oficialistas lo impidieron. Y fue ley.

 

 

(*) Abogada

Integrante de la Oficina de Prensa del Senado de la Nación

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